Más de 800 millones de pesos recibirán los partidos en este año que no es electoral, como parte del financiamiento del Estado.
Muchos han criticado este desembolso, ya que ciertamente esos recursos podrían ir a proyectos de mayor utilidad para el país, como la salud y la educación.
Lo grave del caso es que esos fondos son manejados por los partidos de acuerdo al antojo de sus líderes y sin una real fiscalización por parte de la Junta Central Electoral.
Los informes de gastos que se presentan están bajo dudas. Por esta razón se promueve la aprobación de la ley de partidos en el Congreso Nacional, que vendría a hacer el ente regulador del uso de esos fondos aportados a los partidos.
