No nos llamemos a engaños: la discusión sobre si se introduce o no en la ley de partidos políticos las primarias abiertas y simultánes, que equivaldrían a una elección nacional con voto preferencial por adelantado, es de orden político, aunque se esgrima el elemento jurídico.
Ninguna comisión designada por la dirección de un partido tiene facultad para interpretar de manera vinculante los alcances de las decisiones de un órganos constitucional, como fue el caso de la Suprema Corte de Justicia en 2005 cuando se pronunció sobre la materia.
En la actualidad, esas son facultades del Tribunal Constitucional, en caso de que fuera legítimamente apoderado.
Un jurista que sienta un mínimo de respeto por sí mismo jamás prestaría su título de “constitucionalista” para supeditar las instituciones constitucionales a las diatribas o voluntad de un partido.
Esta discusión, por ser política, hay que verla en el ámbito del terreno donde se está produciendo: al interior del Partido de la Liberación Dominicana.
La forma en que se ha conducido pone de manifiesto que la sociedad está frente al cierre definitivo del ciclo que inició ese partido hace 40 años, cuando lo fundó el profesor Juan Bosch.
Hoy lo que vemos es una lucha por la definición de quién tendrá el control de ese partido en esta nueva etapa de su historia.
Lo que no se puede aupar es que eso, que es un fenómeno interno, arrastre las instituciones nacionales y meta al país completo en un gran tollo.
