Hay decisiones que, una vez tomadas, pueden reordenar no únicamente la infraestructura física de una ciudad, sino también su manera de entender la convivencia, el trabajo y la ciudadanía. Ese es el verdadero alcance del FIMERCA: Fideicomiso Público para la Modernización de los Mercados de Abastos de Santo Domingo (Fideicomiso Fimerca-SD).
Este fondo ya no es una propuesta en espera. Ha sido aprobado por el Congreso, y eso obliga al Gobierno a pasar de la planificación a la ejecución.
Lo que sigue es actuar. Porque un país que se toma en serio sus mercados se está tomando en serio su gente. Está diciendo, con hechos, que los espacios donde miles de ciudadanos compran y venden alimentos deben dejar de ser improvisaciones al borde del caos, para convertirse en centros dignos, seguros, funcionales y estratégicos para el desarrollo.
Transformar los mercados implica más que cambiar techos, reparar pisos o pintar fachadas. Es, sobre todo, cambiar la lógica con la que los concebimos. Avanzar desde una visión marginal hacia una comprensión integral; los mercados son nodos de seguridad alimentaria, motores del comercio local y ejes de ordenamiento urbano.
Un mercado bien gestionado no simplemente organiza el comercio: también mejora la movilidad, reduce riesgos sanitarios, fortalece la cohesión social y promueve la inclusión.
El modelo que plantea el FIMERCA es amplio y estructurado. No busca soluciones aisladas, sino un nuevo estándar. Se trata de crear espacios integrados al entorno urbano, donde la higiene, la trazabilidad, la tecnología, la sostenibilidad ambiental y el respeto mutuo entre vendedores y compradores se conviertan en pilares del modelo. Un mercado moderno dignifica el trabajo, formaliza la economía popular y devuelve la confianza a los ciudadanos.
Y esta transformación no es un capricho. Es una necesidad impostergable. Basta recorrer cualquier municipio del país para constatar que nuestros mercados están desbordados, deteriorados o en condiciones precarias. Y detrás de cada puesto hay una historia que vale; familias enteras que dependen de ese espacio, mujeres cabeza de hogar, jóvenes emprendedores, adultos mayores que han vivido décadas de esfuerzo bajo un techo inseguro. Esto va más allá de la infraestructura: se trata de justicia y dignidad.
Por eso, el llamado es claro: ya no se trata de discutir si vale la pena hacerlo. El Congreso hizo su parte. Ahora le corresponde al Gobierno acelerar su implementación. Cada día perdido es una oportunidad que se va. Este es el momento de actuar con visión, con decisión y con sentido de urgencia. No hay excusas.
Porque transformar los mercados equivale a transformar lo cotidiano. Es volver más amable y seguro el día a día de quien madruga a comprar o a vender.
Es una contribución concreta al orden público, a la salud, al empleo y al medioambiente. Es una apuesta directa por el bienestar del ciudadano común, ese que no pide privilegios, sino condiciones humanas para vivir y trabajar.
Lo que está en juego no es únicamente la mejora de una infraestructura, sino una forma distinta de mirar la ciudad y de relacionarnos como sociedad. Y allí, donde todo parece ordinario, se toman en realidad decisiones extraordinarias.
El momento es ahora. Con el fondo aprobado y el país mirando hacia adelante, lo que se necesita es voluntad política, gestión eficiente y compromiso real con un modelo que devuelva al mercado su valor central en la vida urbana y en la economía popular. Nada más. Nada menos.
