Víctor Féliz Solano
En el próximo mes de octubre estaremos a dos años de entrada en vigor la Ley General de Gestión integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20).
Norma que vino a transformar de manera dramática todo lo concerniente a este traumático tema de la “basura”. Como todo proceso al inicio, y este no es la excepción, la implementación se hace de manera gradual.
Esta potente ley tiene muchos ingredientes novedosos, modernos y funcionales. Desde el tema educativo hasta esquemas sancionadores ejemplares para los “terroristas ambientales”. Si bien no es la ley perfecta, no es menos cierto que es muy buena.
Tal y como hemos expresado en innumerables ocasiones, el tema del manejo de los residuos sólidos municipales es el mayor dolor de cabeza de los ayuntamientos por la complejidad y alto costo que significa para las finanzas de las corporaciones edilicias.
Las ecuaciones que se formularon, para lograr la satisfacción plena y alcanzar el menor de los daños o causar un bajo impacto ambiental, siempre evidenciaron que no era posible sin una inversión importante de recursos económicos
La participación del sector privado, como gestor en esta operación a gran escala, es fundamental para alcanzar el encadenamiento productivo. Los encadenamientos productivos incluyen a un conjunto de actores económicos asociados en la cadena de valor de un producto, que interactúan entre sí para obtener beneficios en conjunto y aumentar sus niveles de competitividad.
Aquí el legislador sabiamente incluyó en la norma jurídica en cuestión el Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos. Ya hemos escuchado esta palabra muchas veces, especialmente en los últimos tiempos.
Pero lejos de ser un problema o una manzana de la discordia, este modelo de financiamiento para valorizar los residuos es la puerta a convertirnos en un país que pasará del caos de la basura, a una verdadera industria de residuos sólidos.
En su artículo 36 la Ley 225-20 instituye una contribución especial por parte de todas las empresas establecidas en el país de acuerdo a sus ingresos. Valores que van desde 500 hasta la suma de 260,000.00 pesos al año fiscal. Para este año 2022 ese fondo fideicomisario acumulará aproximadamente 1.4 mil millones de pesos.
Estos recursos, conjuntamente con aportes del sector privado, iniciarán las transformaciones que se requieren para una adecuada gestión de los residuos. Estaciones de transferencias, destinos finales e industrias para el reciclaje o coprocesamiento de los residuos sólidos serán objeto de inversión con fondos provenientes de este fideicomiso.
Vale la pena resaltar o aclarar que para tener acceso a estos recursos financieros existen una intrincada fórmula que persigue, más que complicar la operación, garantizar la estabilidad financiera y operativa de todo este “negocio”.
Este fideicomiso tiene otras maneras de alimentarse económicamente, pero siempre tras la búsqueda de hacer que en el tiempo podamos convertirnos en un territorio ambientalmente amigable y libre de contaminación por el mal manejo de la basura.
Aún estamos distantes del momento perfecto e ideal, pero un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. ¡Adelante pues!
*Por Víctor Féliz Solano
