FEDOMU presentará un recurso de inconstitucionalidad si el Presupuesto es aprobado sin modificaciones
SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) anunció este martes que presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, si el presupuesto general de la Nación se aprueba en la Cámara de Diputados sin modificaciones.
La instancia buscará que el presupuesto para el 2012 sea modificado para que se otorgue mayores recursos a los ayuntamientos.
La propuesta fue presentada por el alcalde de Cotuí, Rafael Molina Lluberes, durante una reunión con directores de juntas municipales en el hotel Clarión de esta capital. Molina propuso cambiar el plan de lucha que han tenido hasta el momento y dirigirse a la Suprema Corte de Justicia y declarar el presupuesto como inconstitucional, si este es sancionado tal y como fue enviado por el Poder Ejecutivo.
En un documento compromiso firmado por los ejecutivos de los ayuntamientos, FEDOMU y las organizaciones miembros (Adodim, Unmuno y Asodore), las autoridades locales plantearon su inconformidad con la actitud del gobierno de incumplir la legislación vigente que dispone las transferencias de fondos del presupuesto nacional hacia los gobiernos locales en un 10% de los ingresos ordinarios del Estado.
Desde el año 2008 el Poder Ejecutivo ha insistido en mantener las transferencias en un monto invariable, de menos de 15 mil millones de pesos, con lo que se deja de entregar un aporte sustancial que serviría a una mejor atención de las necesidades de las comunidades del país.
Denunciaron que la administración local, en todo el país languidece en una situación de precariedad para cumplir con las competencias que les establecen la Constitución y las leyes, teniendo grandes dificultades para brindar los servicios que requiere la población.
Dijeron que de aprobarse el proyecto de presupuesto tal como fue depositado en el Congreso, se continuará por la senda de desconocer las obligaciones legales del Estado hacia los gobiernos locales y de forzar a éstos a incumplir con las atribuciones que les confieren la Constitución y las leyes y que en tal sentido se verán forzados a suspender una serie de servicios y actividades.
