SANTO DOMINGO.- En varios países de la región, incluido República Dominicana, el costo fiscal de la aplicación de paquetes, planes de medidas o presupuestos para sortear los incrementos de la materia prima como petróleo, granos y cereales registra un impacto fiscal entre 1.3% y 1.8% del Producto Interno Bruto, sin embargo esas medidas adoptadas tuvieron carácter compensatorio y hasta el momento no han tenido mayor impacto en la inflación de alimentos.

De acuerdo con el estudio “Seguridad Alimentaria en Centroamérica, Panamá, República Dominicana, México y Haití”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),  los mayores costos de los alimentos han repercutido en la capacidad de compra de los hogares, y con ello en la cantidad de alimentos consumidos por las familias diariamente.

Según información de las encuestas de opinión pública elaboradas por CID-Gallup, a septiembre de 2022 más del 30% de los entrevistados en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y México señalaron que no tuvieron dinero para comprar comida para la familia al menos una vez al mes en el último año.

Como resultado, entre un 20% y un 40% de las personas encuestadas declararon haber reducido al menos una comida al día en los últimos 4 meses.
Frente a la falta de dinero, entre un 40% y 60% de los hogares tomó medidas para suavizar el consumo de alimentos de su familia.

De entre los que lo hicieron, la mayoría de los hogares recurrió al crédito.
Otras opciones utilizadas fueron la reducción de gastos importantes como el gasto en salud, lo que puede tener consecuencias en el largo plazo en el bienestar de los miembros del hogar; (ii) la venta de activos, como herramientas de trabajo, con potenciales impactos sobre el empleo y los ingresos familiares, buscar fuentes externas de alimentos, entre otras.

“Aunque no se ha medido de forma directa, es de esperar que las familias que han visto reducida la cantidad de comidas consumidas también hayan visto comprometida de calidad de su alimentación, extendiendo la problemática a otras dimensiones de la inseguridad alimentaria”, precisa el estudio.

El estudio del BID propone recomendaciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el corto y mediano plazo con políticas dirigidas a las familias y a los sectores afectados, como transferencias focalizadas, programas de provisión de alimentos, apoyo al sector agrícola y medidas comerciales.

Reportaje a comedores fonda sobre el alsa de los precios de los alimentos basico/foto Jose de Leon

Además, el informe discute medidas estructurales para reforzar los sistemas alimentarios y prevenir crisis futuras, como inversión en bienes públicos, acceso a financiamiento agrícola, investigación, desarrollo e innovación en el sector, y apertura al comercio internacional, entre otras, que deben ser diseñadas con un enfoque de género, dada la mayor vulnerabilidad de las mujeres a los efectos de los choques económicos.

Si bien la inseguridad alimentaria moderada o grave en esta región ya se encontraba por encima del promedio de América Latina y el Caribe, esta se ha exacerbado por la escalada inflacionaria global originada por la pandemia y por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha provocado aumentos en los precios de productos básicos. En el país típico de CAPARD y México, las importaciones de maíz, arroz y trigo representan más del 40% del consumo de dichos productos.

La inflación se ha convertido en la principal preocupación de los hogares y se estima que el porcentaje de hogares con ingresos menores al costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado este año más de 5 puntos porcentuales con respecto a 2019. Aquellos liderados por mujeres o por trabajadores informales y los hogares rurales son los que se han visto especialmente afectados.