Santo Domingo.- Los familiares de los presuntos delincuentes, abatidos durante "intercambios" de disparos con las autoridades, cuentan con mecanismos concretos para reclamar justicia y resarcimiento económico, si consideran que los miembros del orden actuaron de manera irregular.

El jurista Jonathan Del Rosario explicó que, por la vía penal ordinaria, los familiares pueden querellarse formalmente y constituirse en actores civiles ante el tribunal penal, basándose en la ley sobre derechos de las víctimas y el Código Penal.
Sostiene que esto les permite participar en la recolección de pruebas (balística, videos, autopsias y testimonios) y reclamar una indemnización directa contra los responsables y la institución.
El experto en derecho administrativo y procedimiento civil estableció que los dolientes pueden demandar ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) tanto a la Policía Nacional como al Estado Dominicano de forma solidaria, con base en la ley que regula los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y la ley que organiza la jurisdicción contencioso-administrativa.
La Constitución de la República consagra que el Estado debe responder por los daños que causen sus órganos y funcionarios en el ejercicio defectuoso de sus labores.
Peligrosidad del uso de la fuerza letal de forma desmedida
Del Rosario advirtió que, aunque la autoridad tenga fuerza para hacer cumplir la ley, no tiene el poder de colocarse por encima de ella.
"Podemos y debemos exigir una Policía firme contra la delincuencia pero sin aceptar que la Policía sustituya a los tribunales. Si alguien ha cometido un delito, que sea investigado, perseguido, sometido a la justicia y, si resulta culpable, sancionado conforme a la ley", precisó.
Consideró que los comentarios que justifican que los presuntos delincuentes sean "abatidos" no dimensionan el daño que ese razonamiento puede hacerle a un Estado social y democrático de derecho, donde debe primar la ley.
No descarta que la Policía apele al uso de la fuerza para enfrentar una amenaza real y proteger vidas, sino que cuestiona el hecho de aceptar la muerte como una forma "de hacer justicia en la calle".
"Para eso existen las instituciones, las investigaciones, los tribunales y el debido proceso", advirtió.
El abogado también exhortó que el Estado de derecho no solo se demuestra protegiendo "a los buenos", sino también cuando las instituciones respetan la ley frente a quienes son acusados de cometer los delitos más graves.
Aumentan a 40 los fallecidos en "intercambios" de disparos
Hasta el momento, se han entregado 116 implicados en presuntos actos delictivos y 40 han fallecido durante enfrentamientos con las autoridades del orden.
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, advirtió que los delincuentes deben elegir: entregarse al momento de cometer los hechos o dejar de cometerlos, porque de lo contrario, "nosotros lo vamos a buscar, no importa dónde se metan".
La mano dura se refuerza en un contexto marcado por el incremento de las actividades delictivas, especialmente en los últimos casos que han consternado a la sociedad: la muerte a tiros del rapero Diddy Glow y el asesinato de la esposa del merenguero Julián Oro Duro, quien también resultó herido.
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