Santo Domingo. – Tras el desplome del techo de la discoteca Jet Set, que dejó un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos, el 70 % de las víctimas han sido resarcidas por la familia Espaillat, aún sin existir una condena en su contra.
Así lo afirmaron los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes además aseguraron que, a través de la Fundación Raíces de Esperanza están llevando a cabo acciones concretas para la protección de niños y niñas huérfanas de la tragedia. Según las autoridades, unos174 menores de edad perdieron a sus padres la noche de la catástrofe.
No obstante, reconocieron que lo vivido no “puede relativizarse”, razón por la cual subrayaron que han mantenido una actitud prudente, más allá de cualquier diferencia procesal, evitando polémicas públicas y el uso instrumental del caso, por respeto a los afectados.
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“Esta tragedia ha impactado de forma irreparable a muchas familias, y también ha marcado nuestras vidas de manera profunda y dolorosa”, señaló la familia Espaillat a través de un espacio pagado publicado en el periódico Diario Libre, en el que expresaron su pesar por el “dolor humano” causado por el colapso de la discoteca.
Tanto Antonio como Maribel Espaillat aseguraron que, desde el primer momento han actuado con respeto, responsabilidad y solidaridad ante la tragedia, acompañando a las personas afectadas y conscientes de la dimensión humana de lo ocurrido.
Sobre el proceso penal
A través del comunicado, la familia Espaillat recordó a la población que “no existe una sentencia firme ni peritaje técnico validado por un tribunal competente que determine de forma definitiva las causas del colapso” ni que establezca responsabilidad penal individual alguna.
En ese sentido, destacaron que, de acuerdo a un informe técnico citado por el Ministerio Público, el colapso se desarrolló de forma súbita e instantánea, lo cual sigue siendo objeto de análisis judicial.
“Existe, de parte nuestra, una solicitud de peritaje desde la fase inicial del proceso que no ha sido respondida oportunamente, y cuya valoración contradictoria se conocerá en sede judicial el próximo 30 de enero, conforme al debido proceso”, enfatizaron.
Por tal motivo, consideraron que este caso, el cual definieron como complejo y doloroso, solo puede establecerse mediante pruebas objetivas, debates técnicos y decisiones judiciales, por lo que rechazaron las presiones mediáticas y los llamados juicios paralelos.
“La justicia requiere pruebas, no conjeturas. El respeto a la memoria de las víctimas exige prudencia, no acusaciones anticipadas. El dolor humano merece ser escuchado, no utilizado como herramienta de condena social”, sostuvo la familia Espaillat.
Finalmente, los propietarios de la emblemática discoteca reafirmaron su respeto permanente hacia las personas que han sufrido a causa de la tragedia, así como su compromiso de colaborar con la justicia de forma transparente y abierta. En ese orden, expresaron su confianza en que las instituciones del Estado permitirán que los hechos sean esclarecidos con la rigurosidad que merecen.
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