Santo Domingo.-Las víctimas de estafas inmobiliarias cuentan con un plazo de dos años para presentar cargos contra sus estafadores, según señala Amadeo Peralta, un especialista en derecho penal económico.

De no hacerlo en ese período, los compradores no podrán recuperar sus inversiones, dado que el Código Penal actual establece una pena máxima de solo dos años de prisión para los estafadores.

El abogado Peralta destaca que el país enfrenta un rezago jurídico, ya que sigue en vigencia un Código Penal aprobado hace más de 100 años, conocido como el Código Napoleónico, que tiene más de 200 años de existencia.

Esta situación afecta a los inversores, ya que muchos estafadores intentan demorar las acciones legales para que el caso prescriba en ese plazo.

En caso de que las víctimas no presenten cargos contra los estafadores en dos años, Peralta señala que deberían recurrir a la Jurisdicción Civil para buscar soluciones, destacando así la debilidad de la ley en este aspecto.

El experto expone el caso de una estafa inmobiliaria en Santiago en 2017, donde un grupo de inversores aún no ha recibido una sentencia.

Peralta duda de que se haya indemnizado a estas víctimas hasta la fecha, evidenciando la fragilidad del sistema legal.

El ministerio Público
Otra deficiencia que Peralta identifica como propicia para estafas inmobiliarias es la práctica del Ministerio Público de consolidar a todas las víctimas en un mismo expediente.

Sugiere que se deberían crear más de un expediente acusatorio para lograr sentencias más prolongadas y justas.

Peralta lamenta que las actuales fallas en las normativas impidan que los estafadores reciban condenas que los mantengan tras las rejas. Ejemplifica esta problemática con el caso de Emmanuel Rivera Ledesma, quien, según la ley actual, podría enfrentar una pena de solo dos años por estafas y 10 años por asociación de malhechores, lo cual considera insuficiente ante la magnitud de los hechos imputados.

Un Código desfazado
El experto destaca que, de haberse aprobado el nuevo Código Penal propuesto por los legisladores, se podrían solicitar penas de hasta 60 años por estafa y asociación de malhechores.

Además, Peralta alerta sobre el impacto en la confianza en las empresas constructoras que generan las estafas, lo cual desincentiva a los compradores y ralentiza las ventas en el sector.

Acoprovi recomienda
Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, comparte que estos casos crean desconfianza en los compradores, afectando las ventas y sugiere que se motive el mercado formal inmobiliario mediante la actualización de normativas.

Fechorías

6,976 Casos.
De estafas y asociación de malhechores llegaron a la Fiscalía entre enero y octubre del pasado año.

Procronsumidor con 1,010 denuncias
Compra. Las estafas no son los únicos perjuicios que reciben los inversionistas inmobiliarios también se ven afectados por mala práctica en la construcción, y aumento de precios por inflación que en algunos casos no están contempladas en los contratos de compra.

De acuerdo a Eddy Alcántara, director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, en dos años esa entidad ha recibido unas 1,010 quejas en busca de ayuda por varias razones entre ellas mala práctica, promesas de venta incumplida, materiales de baja calidad y sobrevaloración de indexación del índice de precio al consumidor en el valor de la vivienda.

En está última más del 70% de los casos han sido por alzas en los costos de la vivienda , dijo el funcionario.