A menos de dos años de las elecciones de 2028, el escenario político dominicano está lleno de aspirantes. Hay recorridos por las provincias, encuentros con dirigentes, alianzas que se anuncian y se deshacen, y abundantes fotografías en redes sociales. Lo que no aparece por ningún lado es lo esencial: qué piensan hacer con el país.
Si se pregunta a cualquiera de los pretendientes cuál es su visión del Estado, del papel del mercado o de la política fiscal, la respuesta suele ser una colección de lo mismo. Más empleo, mejor educación, menos delincuencia y energía más barata. Nadie dice cómo, cuánto cuesta, quién lo paga ni en qué plazo. La ideología se diluyó hace tiempo en el pragmatismo electoral, y los programas de gobierno se han convertido en documentos que se redactan a última hora y que nadie lee.
Los temas que exigen definiciones serias se acumulan: la sostenibilidad de la deuda pública, el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el déficit del sector eléctrico, la calidad de la educación, la informalidad y baja productividad de buena parte de nuestra economía.
Vale la pena mirar lo que acaba de ocurrir en España. Esta semana, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presentó un plan de vivienda con seis compromisos concretos: construir un millón de viviendas en cuatro años mediante una reforma del suelo; reducir en un 60 % los impuestos de compra para menores de 40 años que adquieran su primera vivienda; avales de hasta el 100 % para financiarla; deducciones fiscales a propietarios e inquilinos que prorroguen sus contratos con aumentos por debajo de la inflación; desalojo de ocupantes ilegales en 48 horas; y tres proyectos de ley a presentar en sus primeros cien días de gobierno.
Uno puede estar de acuerdo o no con esas medidas. Pero ese no es el punto. El punto es que el ciudadano sabe exactamente qué se le promete, puede evaluar si es viable y puede pasarle factura. La política sin planes deja al votante eligiendo entre simpatías personales y al país navegando sin brújula.
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