*Por Glenn Davis
Un año después de descubrirse el primer caso de coronavirus COVID-19 en el país, la República Dominicana ha retrocedido en el manejo de la pandemia, debido a la incapacidad e inconsistencias de las actuales autoridades.
Desde que se identificó la potencial amenaza del coronavirus, el Gobierno del PLD tomó medidas de prevención y se preparó para su llegada al país, elaborando un plan de acción para el manejo de casos sospechosos, en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS, y creó una comisión nacional, entre otras medidas.
Mientras que este Gobierno hasta pocas horas antes de la llegada de las vacunas al país no tenía una planificación para llevar a cabo el proceso de inoculación de la población.
Que, dicho sea de paso, con el fin de garantizarle el abastecimiento al país, la pasada administración del PLD gestionó las vacunas contra el coronavirus SARS CoV-2 con la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS). Dejándole así a las actuales autoridades un camino despejado y bastante avanzado en el proceso de organización y planificación de la adquisición del fármaco.
A pesar de esto, lamentablemente, hasta la fecha, las actuales autoridades no han podido cumplir ni orientar a la ciudadanía de una manera efectiva a cerca del cronograma de vacunación. Y, más preocupante aun, en un evidente contraste con la anterior gestión, el Gobierno del PRM ha dejado de lado las campañas de información, educación, prevención y concienciación que con constancia realizaba la gestión del PLD. Accionar que le abre la brecha a la etapa ya anteriormente superada de la especulación y desinformación.
Pero, la situación llega a grados preocupantes cuando se le quita el derecho que tiene el pueblo dominicano a una salud digna e igualitaria, desmontando la cobertura por COVID-19 a los afiliados de ARS, obtenida por las pasadas autoridades mediante un acuerdo con las administradoras, y cuando se aplican las vacunas atendiendo a relaciones y no al grado de riesgo.
Hoy, el PRM pretende atribuirse como suyo, el remozamiento y construcción de 45 hospitales, un logro para los dominicanos realizado por la gestión peledeísta.
La falta de empatía hacia los más vulnerables por parte del Gobierno del cambio no termina aquí.
En un momento de incertidumbre y crisis económica, el cambio fue traer la desprotección de miles de dominicanos en situación de vulnerabilidad con el desmonte de beneficiarios y la disminución del monto del subsidio del programa Quédate en Casa, programa creado por la administración de Danilo Medina para brindarle protección a los más necesitados a raíz de la crisis por la pandemia.
En adición a esto, el Gobierno ha puesto en riesgo la seguridad alimenticia de las familias dominicanas, con la incapacidad demostrada para manejar el tema de los precios de los productos de la canasta básica y de los insumos.
Seguridad que con la política agropecuaria del gobierno del PLD estaba garantizada, la cual le permitía generar un aumento sustancial en los ingresos de los productores y la gente del campo, lo que permitió reducir la pobreza rural y, al mismo tiempo, abastecer los mercados nacionales e internacionales con productos alimenticios de calidad y a precios competitivos.
Ayer, al cumplirse un año de empezar la crisis generada por la pandemia, el país se encontraba, luego de un escándalo por sobrevaluación en la licitación de copras de jeringuillas, sin una cabeza que dirigiera el Ministerio de Salud Pública y con 3,100 muertes.
En 138 días, la gestión de Abinader ya había superado el número de contagiados de la gestión pasada.
Desde el 16 de agosto hasta el boletín del 1 de enero, durante el mandato del presidente Abinader, se reportaron 86,656 casos de COVID en un periodo de 138 días. Mientras que en la gestión de Medina se confirmaron 86,309 en 168 días desde el 1 marzo hasta el final del Gobierno.
Esto se debe a que Abinader no ha podido garantizar un equilibrio entre la apertura económica y la seguridad sanitaria. En procura de obtener recursos, solo abrió la economía sin aplicar los protocolos necesarios para garantizar la salud del pueblo.
