El Ministerio Público ha presentado una solicitud de medida de coerción contra Argenis Contreras González, quien permaneció prófugo desde 2017 por la presunción del asesinato de Yuniol Ramírez Ferreras.
El documento judicial pone de manifiesto un entramado de corrupción y de alegada extorsión que derivó, como ocurre con frecuencia en este tipo de situaciones, en el asesinato de uno de los involucrados.
La solicitud de medida de coerción contra Argenis Contreras revela una estructura de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas que luce era muy evidente.
Por tanto, si hasta un foráneo como Yuniol Ramírez Ferreras la identificó, es válido preguntarse, ¿qué estaban haciendo las muchas instancias de control que tiene el Estado?
El mismo caso planteado por la Fiscalía refleja una praxis de chantaje, extorsión y soborno en la que hay figuras corruptas que están dispuestas a pagar con tal de mantener en secreto sus acciones delictivas.
En ese caso de la OMSA, a la luz de la solicitud de medida de coerción, hay un asesinato que fue el que sacó a relucir otras infracciones, a saber: corrupción administrativa, soborno, extorsión.
Pero también dejó en evidencia las fallas de los órganos de control de Estado.
Esa solicitud de medida de coerción revela niveles de podredumbre inauditos.
