SANTO DOMINGO.- El Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM) externó su preocupación por aspectos fundamentales del proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Cámara de Diputados.
El presidente del FOPPPREDOM, José Francisco Peña Guaba, consideró que la pieza legislativa contiene aspectos fundamentales que entran en contradicción con la sentencia TC 0286-21, de fecha 14 de septiembre del 2021, que declaró inconstitucionales los procedimientos virtuales por ser violatorios a los principios de inmediación, concentración y derecho de defensa.
Peña Guaba agregó que dicho proyecto viola el principio de tutela judicial efectiva que deben tener todos los ciudadanos y consagra una delegación inconstitucional de las atribuciones del Congreso Nacional, porque autoriza la modificación por la vía reglamentaría de los códigos de enjuiciamiento de la República.
El dirigente político sugirió a los congresistas sopesar bien la iniciativa, que según manifestó, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la Constitución pone en juego el rol de la Justicia.
« Advertimos que el Foro Permanente de Partidos Políticos NO apoyará un proyecto que vulnere los derechos ciudadanos y la Constitución de la República», expresó Peña Guaba.
Estas declaraciones fueron ofrecidas de forma verbal y escrita a través de su representante Felix Elias Tavares, durante una rueda de prensa en el local del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en la que participaron otros miembros de FOPPPREDOM, Whenshy Wilkerson y Claudio Pérez.
Asimismo estuvieron presentes Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados; Juan Pérez Roa, vicepresidente; Lucía Florentino, Secretaria de Organización y otros gremialistas.
Surun Hernández agradeció al Foro Permanente de Partidos Políticos por fijar posición sobre este tema que es de alta preocupación para los abogados de la República Dominicana.
Surun Hernández denunció que este proyecto de Ley habilita al presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que este por la vía reglamentaria modifique las leyes de enjuiciamiento del país y
advirtió que no desmayaran en su lucha en contra la virtualidad y en favor de una justicia despolitizada e igual para todos.