SANTO DOMINGO.-La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) está jugando el rol que le corresponde como órgano de la Organización de los Estados Americanos en la promoción, observancia y defensa de los derechos de las personas y parte consultiva en la materia.

A sí lo entienden los abogados constitucionalistas, Eduardo Jorge Prats y Rommel Santos Diaz, experto en la Corte Penal Internacional y catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Exactas, abordados respecto al “reproche” de la CIDH), al calificar de ”injusto e inoportuno” las deportaciones de embarazadas haitianas.

“Entendemos que tiene razón la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando llama la atención al país, en vista de que los operativos migratorios en los hospitales con la finalidad de expulsar mujeres embarazadas migrantes violan el decreto 631-11, Reglamento de Aplicación de la Ley sobre Migración, 285-04 que prohíbe absolutamente, en el marco de los operativos migratorios, la detención de mujeres embarazadas o lactantes”, sostuvo Eduardo Jorge Prats.

Según Rommel Santos Díaz, las opiniones y recomendaciones de la CIDH no son vinculantes para los Estados miembros de la OEA, por lo tanto en lo referente al caso del Estado dominicano y las deportaciones de embarazadas de Haití, se trata de observaciones y llamadas de atención que le hace la CIDH.