El sector eléctrico dominicano enfrenta una profunda crisis financiera que tiene su principal origen en el hurto de la energía. Ese problema fue el que se quiso atacar cuando se puso en manos privadas la comercialización de la energía.
La implementación del modelo fracasó porque fue distorsionado casi inmediatamente después de su ejecución y al día de hoy las tres empresas de distribución de electricidad han vuelto al poder estatal, luego de haberse chupado varios miles de millones de dólares.
Sin duda que el problema inmediato, y quizás el de más perentoria solución, es el de la comercialización, incluyendo lo del establecimiento de tarifas adecuadas para el consumidor.
Pero también hay que mirar algo más allá de la curva. No se puede dilatar más la implementación de un plan de expansión de la generación eléctrica.
Los pulsos que libran agentes del sector ha relegado a segundos planos este aspecto, que en el futuro pudiera generar apagones por falta de disponibilidad. Entonces tendría que recurrirse a soluciones de emergencia, como las que nos trajeron a Smith Enron, Cogentrix y otros cuestionados contratos.
La falta de previsión en el pasado forzó al país a hacerse de un parque energético inadecuado y poco eficiente. Hay que evitar reincidir en el error.
La instalación de nuevos kilovatios implica dinero y tiempo. Hay que seguir abiertos a la inversión privada en este renglón, aunque el Estado también debe contemplar proyectos gestado por el Gobierno.
El país requiere, para evitar males más profundo, la instalación de nuevas plantas de generación para enfrentar el crecimiento futuro de la demanda y garantizar un abastecimiento de calidad y a un costo adecuado.
No hay tiempo que perder.
