Con los precios de “commodities”, petróleo, transporte e intereses en alza mundialmente, pocos países se arriesgan a encarecer servicios sumando impuestos a costos, como se pretende con empresas eléctricas concesionadas, vitales para el turismo.

Como opinaba ayer, es un error considerar alguna exención fiscal como un “sacrificio” por el gobierno. Estimular la economía y contribuir a la justicia social con equidad, motivan que el gobierno tampoco cobre Impuesto sobre la Renta (ISR) a los salarios por debajo de cierto umbral, ni al propio Estado y municipios, iglesias, asociaciones sin fines de lucro (antiguas ONGs), gremios culturales, deportivos, científicos o políticos.

Estas exenciones del ITBIS y del ISR, así como de Aduana (por ejemplo, las que procuraban incentivar la importación de computadoras), las decide el gobierno, con aprobación del Congreso y control constitucional del Poder Judicial.

Los impuestos recaudados forzosa pero legalmente, dinero ganado con trabajo por ciudadanos, son un asunto tan importante que requiere acuerdo entre los tres poderes estatales. Ojalá el gobierno recapacite para no destruir la competitividad del turismo.