Exembajador dominicano en Washington denuncia predisposición de la CIDH contra RD

“Yo lo que diría es que puede haber eso, de la predisposición, porque si usted viene al país a indagar, a hablar con los gobiernos, a hablar con las Ongs, a hablar con las personas individualmente, tiene que haber un sentido de balance, un sentido de proporción de las cosas, a la hora de reflejar un comunicado de este tipo o un informe preliminar, o un informe definitivo”, expuso.

El jurista rechazó que 200,000 personas de ascendencia haitiana hayan sido despojadas arbitrariamente de su nacionalidad dominicana. “La Comisión sabe que eso no es así”, recalcó, tras especificar que el caso es presentado como si fuera un hecho cumplido.

“Lamentablemente alguien tuvo la genialidad de crear esa imagen y esa noción ha creado un problema de imagen para la República Dominicana”, enfatizó, para manifestar que enfocarse en la búsqueda de solución al problema es lo que se puede hacer.

Respaldó la potestad legal que tiene el Estado dominicano de repatriar toda persona que se encuentra ilegalmente en el país. Asimismo, pidió que concomitantemente cree un espacio para regularización de miles de personas que se encuentran sin documentos.

Entiende que la CIDH debe ponderar y alentar las acciones que tienen a buscar soluciones a problemas de esa naturaleza, como forma de avanzar en la dirección correcta.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, consideró notoriamente desbalanceado el informe preliminar emitido por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), durante su visita al país para recoger inquietudes sobre la sentencia del TC.

“No solamente no valora, sino que ni siquiera menciona las iniciativas del Gobierno. El Gobierno ha dado respuesta a la situación que se ha creado a partir de la decisión, de la sentencia del Tribunal Constitucional”, subrayó.

Planteó que si bien es cierto que hay que reconocer que la CIDH tiene una función de hacerse eco de las denuncias de violación de derechos humanos, cuando hay una interrelación con un Gobierno o un Estado, éste requiere que sus acciones sean tomadas en cuenta.

Consideró que el Gobierno ha actuado con celeridad y tratado de buscar respuesta a la situación que se ha planteado a partir de la sentencia 168-13.

Espinal citó como ejemplo el Plan de Regularización de Indocumentados, el cual la alta corte ordenó prepararlo e implementarlo.

“Ese Plan no puede ser ni tan cerrado que casi no quepa nadie, pero ni tan abierto que quepa todo el mundo, yo creo que tiene que tener criterios objetivos en términos, por ejemplo, la población indocumentada, número de años en el país, su arraigo, su inserción en el mercado laboral, etc.”, indicó.

El experto en Derecho Constitucional también refirió que el Gobierno anunció que introducirá un proyecto de ley de Naturalización, que daría respuesta a las personas que caen bajo el criterio definido por el TC, la cual debe ser aprobada lo más rápido posible.

Espinal no ve las razones por las cuales todavía no se ha introducido la legislación, por lo que el Gobierno debe dar esos pasos para completar el cuadro con ese elemento faltante dentro de las acciones.

“Esos son aspectos que no son ventilados, que no son ponderados por la Comisión. Por eso la Comisión, en muchas situaciones, va a los Estados, va a los países y los gobiernos se resienten, porque no encuentran que sus acciones son bien ponderadas”, argumentó.

Sostuvo que el presidente Danilo Medina ha actuado con buena fe, sentido de prudencia, práctico y de justicia, lo cual no ha sido valorado por la CIDH a la hora de emitir un informe preliminar.
 

A la Corte

El politólogo consideró que del informe del organismo  no se puede deducir ni prever necesariamente que va a llevar el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

“No hay en el texto ninguna expresión, ni ninguna formulación nos pueda llevar a la conclusión de que ya lo va a llevar a la Corte. Otra cosa es que lo haga en función de cuando siga trabajando el asunto”, acotó.

Cree que si el Gobierno continúa por el camino que ha elegido, que es poner en práctica el Plan de Regularización de una manera objetiva, no discriminatoria y profesional, y por otro lado, se encamina a llevar una ley para afrontar la problemática que enfrentan las personas que caen bajo el criterio establecido por el TC, sobre personas irregularmente inscritas, e impulsa el liderazgo con una Ley de Naturalización que dé resolución expedita y justa, no habría motivos para que el país sea llamado a la Corte.

Espinal enfatizó que el Gobierno no ha sido indiferente ni se ha cruzado de brazos, poniendo a sus más altos funcionarios y hasta el propio Presidente de la República han puesto su peso político en el tema.