SANTO DOMINGO.-Franklin Stalin Peralta Guzmán, quien fue suspendido como auxiliar consular en San Juan, Puerto Rico, acusó al excanciller Miguel Vargas Maldonado de suplantarle su identidad y nombrar a otra con sus mismos nombres y apellidos, y salario en México.
Dijo que también se utilizó el decreto 259-11, de fecha 25 de abril del 2011, que fue con el que le designó el entonces presidente Leonel Fernández.
Manifestó que notificó el 24 de julio del 2017 a Vargas Maldonado sobre la situación y que este le hizo caso omiso.
Informó que el pasado 3 de marzo la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, encargó al fiscal Arolín Lemos de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de investigar su denuncia de suplantación de su identidad.
Peralta Guzmán explicó que desde entonces la situación se ha mantenido y que no ha valido que notificara la situación al también excanciller Andrés Navarro y al actual Roberto Alvarez.
Explicó que para la suplantación se utilizó el oficio 14123 contenido en la orden del 31 de mayo del 2011 con el que el Poder Ejecutivo le asignó un salario de US$920 de sueldo y de gastos corriente otros US$1,880.
Peralta Guzmán explicó que tomó la decisión de solicitarle una investigación a la procuradora Germán Brito, mediante la Instancia Número. 00891, de fecha 05 de Octubre del Año 2021, «y agradezco que la magistrada haya ordenado una investigación de mi caso».
«En mi caso se ha producido una denegación de justicia, un abuso, parece que hay que ser muy conocido y tener mucho dinero para que los funcionarios y la justicia actúe», lamentó el comunicador.
En cuanto al actual canciller Roberto Álvarez dijo que este se ha negado a acatar cuatro sentencias, incluyendo una del Tribunal Constitucional, que le ordenan pagarle su sueldos atrasados desde 2016 y reponerlo en su cargo.
Explicó que la primera sentencia fue la emitida el 30 de agosto del año 2018 por el juez presidente de la primera sala del Tribunal Superior Administrativo, Román A. Berroa Hiciano, marcado con la serie 030-02-2018-SSEN-00287.
La segunda fue la ordenanza civil número 504-2018 S0RD-1692, dictada el 14 diciembre del 2018 por el juez suplente Pedro Marcial Ramírez Salce.
Mientras que la tercera sentencia fue la número 026-02-2019 SCIV-00194, dictada el 12 de marzo del 2019 por el juez presidente de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Edyson Alarcón, quien condenó al Ministerio de
Relaciones Exteriores en ese entonces al pago de US$89,600 por concepto de no pago de 29 salarios vencidos, incluyendo los sueldos navideños de los años 2016, 2017 y 2018 y un astreinte de RD$2,000 diario por incumplimiento de dicha sentencia. Esta disposición tanto al canciller Roberto Álvarez como a la Cancillería.