La escasa cultura democrática de nuestros líderes y partidos políticos, la vocación a tomar atajos y la poca institucionalidad han obligado a que el país tenga que dotarse de una gran cantidad de normas que a su vez dificultan los procesos electorales y los hacen más proclives a los conflictos.
Nuestros actores políticos han demostrado que no hay un hueco por el que puedan salirse del control institucional que dejen de usar. Por eso, las leyes y reglamentos tienen que ser tan explícitos.
La Junta Central Electoral ha emitido una serie de reglamentos que buscan la aplicación de las leyes Electoral y de Partidos Políticos, pero para que cumplan con su misión los actores tienen que asumir el espíritu de ese andamiaje jurídico: procesos electorales transparentes, justos y democráticos.
En este proceso la sociedad tiene la obligación de acompañar al órgano electoral, pues por sí solo no podrá someter a la legalidad a partidos y políticos proclives a la marrulla.
El más reciente reglamento dictado por la Junta busca fiscalizar los ingresos y egresos de los precandidatos, una labor titánica, si se toma en cuenta que en los próximos comicios se elegirán más de cuatro mil funcionarios.
Pero es importante empezar, y al menos monitorear a los candidatos presidenciales, al Congreso y principales alcaldías.
