LA PAZ, Bolivia.- El presidente Evo Morales promulgó este lunes una ley de autonomías resistida en algunas regiones de Bolivia, con lo que completa un marco de leyes políticas, judiciales y electorales que considera pilares de su gobierno, y que ha generado protestas de la oposición e indígenas amazónicos.
La ley de autonomías, una de las cinco con las que el gobierno de Morales piensa fijar su derrotero político y judicial, es la que más rechazo ha generado tanto desde las regiones como de los partidos opositores.
"Quienes se oponen a estas normas son compatriotas nuestros que son retrógradas, conservadores o simples reformistas y aquí estamos para hacer una revolución democrática y cultural", retrucó Morales en el acto de promulgación de la norma la tarde de este lunes en la casa presidencial.
El senador opositor German Antelo (derecha) anunció poco después de la promulgación que los congresistas de la región de Santa Cruz entregaron a la justicia un recurso de inconstitucionalidad.
Sin embargo, advirtió que el recurso "no es contra la ley, es contra los artículos que la hacen inconstitucional". Estos artículos conciernen fundamentalmente a que permite la destitución sumaria de los gobernadores solamente mediante acusación de algún delito, sin esperar el fallo de un juez.
Este punto es muy sensible dado que la justicia investiga a los gobernadores opositores de Santa Cruz, Tarija y Beni, a los que Morales acusa de usar fondos públicos para organizar referendos autonómicos que el gobierno central considera ilegales.
De esta manera, el gobierno estaría en posición de sacar de sus puestos a los tres gobernadores opositores. La ley autonómica "es una norma para perseguir opositores y consolidar el centralismo", dijo previamente a la promulgación Germán Antelo, senador de Santa Cruz.
Asimismo, se reprocha que la ley de autonomías no desconcentra recursos económicos desde el poder Ejecutivo hacia las regiones.
La norma desató la protesta del comité cívico de Potosí (suroeste), una región leal al oficialismo, que considera que la ley le va a significar menos ingresos fiscales.
Los líderes civiles declararon este lunes un paro de actividades en la capital, mientras unos seis dirigentes cumplen una huelga de hambre desde la semana pasada.
Los indígenas amazónicos también rechazan la ley: unos 500 aborígenes mantienen una marcha hasta la ciudad de La Paz, aunque esporádicos diálogos con el gobierno han debilitado la idea de llegar caminado hasta la sede de gobierno.
Los indígenas piden la dotación inmediata de tierras fiscales, aunque el gobierno considera que ello es posible sólo tras un proceso de saneamiento (legalización de los derechos propietarios).
El vicepresidente Alvaro García, quien ejerce a la vez el cargo de presidente del Congreso, dijo el fin de semana que "el pueblo boliviano debe estar orgulloso" por la "titánica" labor de los legisladores.
La diputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Tejada, lamentó las críticas de la oposición, y dijo que "hay una estrategia perversa de negar toda legislación, de incentivar a la anarquía" para que todo el mundo viva como se le "dé la gana".
La promulgación de la ley de autonomías se enmarca en el plazo fijado por la nueva Constitución de que en los primeros seis meses del segundo mandato de Morales -es decir en julio- debían estar listas las leyes de Gobiernos Autónomos, de Régimen Electoral, del Órgano Judicial, del Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional.
Morales y el oficialismo consideran que las cinco leyes son la columna vertebral de la administración, en el marco de la nueva Constitución de corte indígena y estatista.
