En el país hay una cantidad de instituciones estatales, con oficinas, incumbentes y personal pagado con fondos, naturalmente públicos, que no cumplen cabalmente con sus responsabilidades, por confesada falta de presupuesto.
En esa situación hay ministerios, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, institutos descentralizados, la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y, recientemente, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad, para no extendernos.
Una situación que no se justifica, ya que apenas transitamos el tercer mes de un año que empieza, con una Ley de Gasto Público que acaba de estrenar presupuesto y un Ministerio como Hacienda que acaba de hacer los libramientos de los presupuestos correspondientes a las instituciones con partidas consignadas.
Es para preocuparse que la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad alerte que ese organismo no cuenta con recursos para acciones inmediatas, ante la posible ocurrencia de un terremoto.
Lamentablemente, no tenemos fama de ser un país previsor. Incluso, tenemos una pieza en el refranero que dice que ponemos candado después del robo.
En nuestro caso hay indicios y referencias de los efectos que causa una desgracia natural.
Los planes preventivos tienen su costo, necesitan de inversiones previas. Ojalá que el Gobierno halle la forma de apoyar el trabajo que hace la entidad de marras ante una eventualidad sísmica.
