El Día 
Santo Domingo.-Los recortes presupuestarios impuestos por la administración del presidente Barack Obama ha obligado al servicio de guardacostas de los Estados Unidos a reducir a su mínima expresión su presencia en la zona del canal de la Mona, lo que ha tenido un impacto negativo en la contención del narcotráfico y los viajes ilegales en la zona.
Informes de inteligencia de la Armada Dominicana indican que esta debilidad está siendo aprovechada por los traficantes de personas para incrementar los viajes ilegales de cubanos y haitianos, lo que se ha constituido en un lucrativo negocio ilícito.
La merma operativa del Servicio de Guarda Costas de Estados Unidos en Puerto Rico ha provocado que incluso embarcaciones avistadas puedan llegar sin mayores dificultades a la vecina isla.
Tal es el caso reciente de una embarcación con 40 dominicanos que pudo arribar a las costas boricuas, pese a que la División de Inteligencia Naval (M-2) de la Armada Dominicana la había detectado y se lo había comunicado a las autoridades estadounidenses en la vecina isla.
Detalles de inteligencia
El informe de inteligencia que manejan los cuerpos castrenses dominicanos indica que “de acuerdo al recorte presupuestario del Gobierno de los Estados Unidos, su servicio de guardacostas, se ha visto forzado a mermar sus operaciones en sus áreas de responsabilidad, arrojando como resultado la gran cantidad de nacionales cubanos y haitianos que han podido llegar a la isla Mona o Monito, así como recientemente una embarcación con 40 dominicanos que pudo arribar a sus costas sin mucha dificultad, aún siendo avisados con anterioridad por la División de Inteligencia Naval (M-2) de la Armada Dominicana”.
Cubanos reincidentes
La División de Inteligencia Naval (M-2) también cita casos de cubanos que han llegado a Puerto Rico pese a haber sido detenidos con anterioridad en República Dominicana por intentar salir del país en embarcaciones hacia la vecina isla.
Indica que se ha podido determinar en esos casos que los cubanos en cuestión “habían sido detenidos por esa dependencia (M-2) momentos en que intentaban viajar ilegalmente a dicha isla en más de una ocasión, no obstante luego de ser procesados y enviados a la Dirección General de Migración para los fines migratorios correspondientes, son dejados libres en territorio dominicano, optando nuevamente por lograr sus propósitos de intentar y llegar vía marítima de manera ilegal al ya mencionado destino.
El narco se aprovecha
La reducción de la capacidad operativa de la dependencia estadounidense como consecuencia de los recortes presupuestarios también se ha sentido en la lucha contra el narcotráfico en la región del Caribe, lo cual ha incidido en la reducción de los decomisos de grandes cargamentos de cocaína.
Estados Unidos prácticamente ha retirado el uso de los aviones no tripulados (drones) que operaban desde República Dominicana para utilizarlos en otras áreas de interés de ese gobierno, como es la frontera con México.
Esa debilidad, combinado con otros factores vinculados a la recomposición de los grupos de narcotraficantes, ha hecho que carteles no tradicionales en la zona hayan incrementado su flujo de drogas hacia República Dominicana con destino a Estados Unidos y Europa.
Las autoridades dominicanas han detectado actividades en el país del cartel colombiano “Los urabeños” y el mexicano “Cartel de Juárez”.
Cubanos pagaron más de cien mil pesos
Con los 12 cubanos detenidos por la Armada y la Policía, que intentaron viajar de manera ilegal hacia Puerto Rico, suben a 139 los extranjeros de esa nacionalidad a quienes se les ha frustrado esa travesía.
Estas personas pagaron a los organizadores del viaje clandestino entre 2,000 y 2,500 dólares, al cambio, según la tasa actual, rondaría los cien mil pesos por cabeza.
La Armada, de agosto de 2012 a marzo de 2014, ha detenido 235 embarcaciones, apresado 2,922 personas, de las cuales 1,141 son criollos. La lista de los extranjeros la encabezan los haitianos con 1,647; cubanos, 139, y siete brasileños.
También han sido sometidos ante la justicia 115 personas consideradas capitanes u organizadores, por violación a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. De esta cifra han sido impuestas medidas de coerción a 83, consistente en presentación periódica y a otros prisión preventiva.
