Washingon.-El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, viajará hoy a Haití para reunirse con el presidente de ese país, Jovenel Moïse, y “alentar la cooperación» con República Dominicana, informó el Gobierno estadounidense.
El objetivo de la visita será hablar sobre “cooperación internacional y asuntos relativos a la repatriación” de inmigrantes haitianos, detalló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.
La visita también tratará de “fomentar la cooperación entre la República Dominicana y la naciente unidad de seguridad fronteriza de Haití”, añade la nota.
La visita de Kelly se produce en un momento en el que República Dominicana da por superada la crisis que vivió con Haití a raíz de la polémica sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que estableció los parámetros para adquirir la nacionalidad y que afectó, sobre todo, a los hijos de indocumentados haitianos.
En medio de aquel conflicto, el Gobierno dominicano puso en marcha entre 2014 y 2015 el Plan de Regularización de Extranjeros, en el que se inscribieron 249.950 personas, según cifras oficiales.
Precisamente, en la República Dominicana residen decenas de miles de haitianos, la mayoría de ellos en situación irregular, un tema que ha causado diversas crisis entre los dos países, que comparten la isla caribeña La Española.
La situación en Haití, agravada por el devastador terremoto de 2010, provocó una gran migración a Estados Unidos, donde el Gobierno les otorgó la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS, por su sigla en inglés).
El propio Kelly anunció el 22 de mayo la extensión por seis meses más del TPS para más de 58.000 haitianos que huyeron de su país tras el devastador terremoto del 12 de enero de 2010 que causó miles de muertes.
Es previsible que el tema del TPS figure en la agenda de Kelly con el Gobierno de Haití, pues el Ejecutivo de Estados Unidos hizo una extensión del TPS por tan solo seis meses en vez de los 18 habituales.
Los gobiernos de Haití, conjuntamente con El Salvador, Nicaragua y Honduras han alegado durante años que no están listos para el retorno masivo y repentino de tantos ciudadanos que están viviendo en Estados Unidos.