Periodista Luis García
La prevalencia de intereses particulares y grupales sobre los colectivos sigue constituyendo una de las principales trabas en el espinoso camino de construcción de una sociedad dominicana más desarrollada, justa y solidaria, tal como soñaron los fundadores de la República.
Existen numerosas evidencias de casos en que determinados estamentos de las élites económicas se asocian para imponer sus intereses, sin importar que con ello arrasen derechos fundamentales o de otras categorías consignados en normas nacionales o internacionales; situaciones que ocurren ante la mirada irresponsable de sectores políticos que llegan a la dirección del Estado a sumarse a prácticas que coliden con la moral y la ética.
A modo de ilustración se puede citar a los miles de servidores públicos a los que durante más de 20 años se les ha negado el derecho a recibir una pensión justa a través del Régimen de Reparto Estatal, amparados en preceptos establecidos en las leyes 379-81, 41-08 y 87-01, de Pensiones y Jubilaciones del Estado, de Función Pública y de Seguridad Social, respectivamente. A pesar de la tenaz lucha del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), no han podido alcanzar la materialización de sus legítimos derechos.
El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) ha aplicado tácticas dilatorias, tan prolongadas que han sobrepasado la existencia terrenal de parte de los servidores que durante décadas sirvieron al país a través de la administración pública.
Esa entidad hoy utiliza, como parte de las acciones violadoras de derechos, a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), que paradójicamente es una dependencia pública al servicio del sector privado; mañana quizá sea la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) y luego no se sabe cuál será la institución que servirá de punta de lanza a esos fines contrarios al interés de los servidores públicos.
A pesar de las vejaciones y burlas, el MOPESEP ha logrado algunos avances en la lucha. El 6 de julio de 2023 el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió la Resolución No. 572-07, en la que se modifica el numeral primero de la Resolución del CNSS 289-03 del 15 de marzo del 2012, para que de ahora en adelante disponga lo siguiente: “Se aprueba el retorno voluntario al Sistema de Reparto Estatal para todos aquellos trabajadores que estuvieron activos bajo el amparo del Sistema de Reparto Estatal previo y/o al momento del inicio del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia de la Ley No. 87-01 sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social, siempre que cumplan los requisitos de edad y/o tiempo en servicio necesarios para recibir una pensión en el Sistema de Reparto Estatal por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado del Ministerio de Hacienda”.
Posteriormente, el 14 de septiembre de 2023, aprueba la Resolución No. 576-07, con la que se crea una comisión especial, conformada por los sectores relacionados con las pensiones de los afiliados para elaborar un Manual de Procedimientos. Mientras que el 16 de noviembre de 2023 aprobó una disposición en esa misma dirección.
Resulta evidente el interés de retrasar el proceso para la reivindicación del derecho de los servidores públicos que cumplen con los requisitos legales a recibir una pensión justa a través del Régimen de Reparto Estatal.
El CNSS, tiene que ser menos mediático y más estratégico supervisando el cumplimiento oportuno de la aplicación de sus disposiciones, de conformidad con la ley.
La ética llama a ese órgano rector del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, por lo menos, a esforzarse en el cumplimiento de sus propias resoluciones.
