Santo Domingo. — Un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) afirma que el Estado dominicano dejó de recaudar RD$383,566 millones solo en 2025 por concepto de beneficios tributarios, mientras que entre 2008 y 2025 el sacrificio fiscal acumulado asciende a RD$1.295 billones de pesos.
La investigación, elaborada por los economistas Francisco Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, señala que estos beneficios se concentran principalmente en sectores del sector privado como las zonas francas, la generación eléctrica, el turismo y los contratistas del Estado, sin evaluaciones periódicas de resultados ni análisis de costo-beneficio actualizados.
De acuerdo con el estudio, el gasto tributario ha representado en promedio el 5.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante el período analizado. En 2025, el monto dejado de recaudar superó el presupuesto conjunto asignado a 10 ministerios para 2026 y excedió en más de RD$215,000 millones la inversión de capital presupuestada para ese año.
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Los autores advierten que esta política de renuncia a ingresos limita gravemente la capacidad del Estado para financiar derechos sociales y servicios básicos, en un contexto donde la presión tributaria ronda apenas entre el 14 % y 15 % del PIB, muy por debajo de la meta de 21.5 % establecida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y del promedio regional de 23.5 %.
El informe también resalta el impacto de esta situación en la desigualdad social. En República Dominicana, el 10 % más rico concentra el 59.5 % del PIB, mientras que el 1 % de mayores ingresos acapara el 24.9 %. En contraste, el 50 % de la población con menores ingresos apenas accede al 4.6 % de la riqueza nacional.
En cuanto a la distribución de las exenciones, el estudio indica que el 40 % del gasto tributario privado beneficia a las zonas francas; el 21 % a exenciones de combustibles para generadores eléctricos; el 8 % al sector turismo y el 5 % a suplidores y constructoras del Estado. Estos incentivos, señalan, carecen de límites temporales y de mecanismos de evaluación.
Para compensar el déficit de ingresos, el Estado ha recurrido —según el documento— a una mayor carga impositiva sobre el consumo, a la no aplicación plena de la indexación al impuesto sobre la renta de los asalariados y a un endeudamiento público que ya ronda el 47 % del PIB, superando los 60 mil millones de dólares.
Ante este panorama, los investigadores plantean la urgencia de una reforma fiscal integral y justa, orientada a gravar la riqueza y la capacidad de pago real de los sectores más favorecidos, liberar de impuestos a los salarios y a los bienes y servicios esenciales, reducir el peso del ITBIS y frenar el crecimiento de la deuda pública.
“El problema no es la falta de recursos, sino a quién se le cobra y a quién no”, concluye el estudio, que insta a reorientar la política fiscal para garantizar derechos, reducir la desigualdad y promover una prosperidad más equitativa en el país.
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