A continuación narro una justificación para implementar en la República Dominicana la llamada Justicia Restaurativa, puesta en marcha en otras naciones latinoamericanas, como Costa Rica, Chile u otros.

A principio de este año el periódico El Nacional, publicó el titular “Un preso le cuesta a NYC 925 dólares por día”, según un análisis que realizó el Departamento de Corrección de Nueva York, que llevado a pesos dominicanos serían aproximadamente uno 48 mil pesos. Suma que deberíamos preocupar a la ciudadanía dominicana.

Cuando digo preocuparnos, me refiero a la cantidad de conflictos violentos que a diario ocurren y que su resolución coloca a la ciudadanía solo en los tribunales la posible solución, cuando pueden existir otras vías de pacificación del conflicto.

Recuerden que el preso en nuestro país no cuenta con un plan de formación que le induzca viabilizar sus situaciones de padre, madre o hijo e hija; en donde este tiene compromisos con sus relacionados.

Mientras leía esa información pensé en nuestros presos preventivos que pasan de miles y en los definitivos, que al visitarlo esta se da cuenta de la escuela del delito en donde estos se encuentran.

Pienso que 925 dólares para una persona que no está produciendo un céntimo para el Estado es una carga que debería ser analizada por las autoridades y  la sociedad civil.

No es posible que nuestros imputados irrevocablemente juzgados no cuenten con mecanismos para aportar recursos económicos ni humanos para reparar el daño que estos han causado a la ciudadanía.

Pienso que el Estado debería de elaborar un plan que ayude a esas personas privadas de libertad a formarse en una carrera técnica y a la vez, que estos produzcan para su consumo y sus relacionados.

Además, estos ciudadanos enfrentan conflictos no abordados adecuadamente e impiden con esas vivencias desarrollar habilidades de relaciones personales y de convivencia pacífica.

Es desde ese punto de vista que entendemos necesario abrir centros de formación y capacitación que induzca a estos detenidos a cambiar de paradigmas en sus actuaciones con ellos mismos y relacionados.

Con estos costos tan alto es necesario tanto para las autoridades como para el legislador, modificar e introducción cambios en la legislación para permitir que esas personas penalizadas por delitos graves, sean reeducadas y a la vez, permitirles a profesionales en disciplinas multidisciplinarias acompañarlos para plantear paradigmas diferentes a los contenidos.

Pero también, que existan métodos alternativos restaurativos, que implemente formulas de encuentros entre el ofensor y la victimas con sus relacionados, tanto familiares y la comunidad.

“Es hora de transformar radicalmente nuestro sistema de justicia criminal – y la clave de eso, es un sistema eficiente, reflexivo y correcciones modernas. Aunque nuestro sistema carcelario se ha reducido, este análisis muestra que el sistema no ha cambiado, ya que el gasto, la violencia y el uso de la fuerza seguirá aumentando en forma desproporcionada”, reflexiona la información, que a nuestro entender debe también ser tomado en cuenta por las autoridades dominicanas.