Santo Domingo.- “Están matando a mi niña dos veces; su abogado la está matando de nuevo con acusaciones sin razón”, denunció Line Pacheco, madre de Perla Jokasta Santos, luego de que familiares del mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, imputado por la muerte de la joven, alegaran que este actuó en defensa propia al repeler un supuesto intento de asalto.
Pacheco calificó estas afirmaciones como una campaña de descrédito contra la dignidad y el honor de su hija, supuestamente orquestada por la familia del imputado, con el objetivo de justificar el crimen.
Visiblemente afectada, la madre rechazó las versiones difundidas por la defensa del militar y por su hermano, César Arismendy, quienes han insinuado una presunta vinculación de Perla con una banda dedicada a actividades delictivas, acusaciones que calificó como infundadas y malintencionadas.
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El sueño de Perla de convertirse en abogada criminalista quedó truncado por el disparo que le arrebató la vida, dejando a su madre con documentos en las manos y la ilusión de inscribirla en la universidad donde ella misma se formó como licenciada en Educación.
“Una banda no estudia. Miren los papeles de la universidad donde mi niña iba a asistir. Yo la puse a estudiar Educación, pero ella me decía, ‘mami, yo no quiero ser profesora como tú, yo quiero ser abogada criminalista’”, narró Pacheco con la voz quebrada, mientras sostenía los documentos académicos de su hija.
Al salir de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la madre explicó que, aunque invirtió tiempo y recursos en la carrera de Educación, como madre decidió respetar el deseo de Perla de cambiar de rumbo profesional y formarse en Derecho.

"Mi hija soñaba ser abogada"
Mostró un sobre amarillo donde guarda los documentos con los que realizaba los trámites para inscribirla en enero en la casa de estudios superiores.
Entre lágrimas, Line Pacheco exigió justicia y que el caso no quede impune, reclamando todo el peso de la ley contra el responsable del hecho.
También criticó las debilidades del sistema penitenciario, que según dijo permite privilegios a personas acusadas de crímenes graves.
“Espero que no lo manden a una cárcel acogedora, donde le den privilegios como si no hubiera matado a nadie”, expresó con profundo dolor.
Un padre que solo quiere justicia
El padre de la joven, Iván Santos, también pidió la pena máxima contra el mayor del Ejército, a quien consideraba su amigo antes de la tragedia.
“Éramos amigos, él sabía que era mi hija y aun así me la mató”, afirmó.
La madre denunció además que el imputado habría utilizado sus influencias para eliminar videos que lo vinculan directamente con el crimen, señalando que tuvo grandes dificultades para obtener las grabaciones del momento en que su hija fue asesinada.
“El video donde él estaba agachado fue eliminado. ¿Por qué fue eliminado?”, cuestionó, rechazando categóricamente cualquier versión que vincule a su hija con un intento de atraco.
Sobre el hecho de que Perla se encontrara en la vía pública de madrugada, Pacheco respondió que su hija era mayor de edad y que, en medio de las festividades, muchas personas salen a compartir.
Instó a la sociedad a no emitir juicios de valor ni reproducir señalamientos que mancillen el honor de su hija, al tiempo que pidió investigar los antecedentes de quienes intentan desacreditarla.
“Aprendan a tener sentimientos. No jueguen con el dolor de una familia destrozada. Mi niña era una niña de su casa”, expresó entre sollozos.
Imposición de mediada de coerción
Por su parte, Narciso Martínez Castillo, abogado de los familiares de Perla, informó que el juez acogió en todas sus partes la tipificación de homicidio voluntario, tanto del Ministerio Público como de la parte querellante.

Indicó que el órgano persecutor estableció que hubo intención de matar, y que la defensa del imputado no presentó pruebas fehacientes que sustenten la versión de defensa propia ante un supuesto atraco.
“El juez ordenó la prisión preventiva para preservar la investigación, debido a que el imputado, por su condición de militar, podría entorpecer el proceso. Por eso fue enviado a una cárcel común”, explicó el abogado.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso tres meses de prisión preventiva contra el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, medida que deberá cumplir en la cárcel de Las Parras.