Antes de que el Gobierno presentara las líneas generales alrededor de la que girará la Ley de Modernización Fiscal, había sido anunciado el propósito de unificar o fusionar las funciones de varios ministerios y entidades estatales, como parte de un plan de la reestructuración y racionalización de la Administración pública.
Este anuncio se produjo a mediados de septiembre, pero antes, en agosto, había sido depositado en el Congreso Nacional un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma de la Constitución de la República, la cual se encuentra en curso en estos días.
Con la propuesta de reforma de la Carta Sustantiva asistimos a una discusión, más técnica que política, acerca de la necesidad y la conveniencia de los cambios propuestos.
Y lo mismo con la idea de eliminar duplicidades, fusionar ministerios y ahorrarse un dinero que pudiera alcanzar la suma de 25 mil millones de pesos.
Todavía se discute en algunos círculos, particularmente en el de los educadores, la conveniencia de llevar al Ministerio de Educación el de Educación Superior Ciencia y Tecnología, pero ya tenemos en el Congreso el proyecto de Ley de Modernización Fiscal del que fueron dadas pinceladas el lunes en el Palacio Nacional.
Pero no todo es política y discusiones técnicas, como lo demuestra el anuncio reciente de que el Gobierno se propone deportar a 10 mil extranjeros de los muchos que se encuentran en el país de manera irregular.
Estos, desde luego, son haitianos.
De no haber sido por esta cuña a la medida de intereses económicos y de impulsos patrióticos, metida entre la política y discursos y consideraciones de los entendidos en asuntos constitucionales y de organización del Estado, la opinión pública hubiera terminado como areópago al estilo ateniense.
