Datos

Vivimos en una era donde los datos no solo valen oro: valen poder. Son la materia prima del siglo XXI, capaces de construir o destruir reputaciones, decisiones políticas, mercados financieros, campañas militares o estructuras de gobierno.

Y sin embargo, la gran pregunta persiste: ¿estamos realmente preparados para gobernar los datos con el mismo rigor con el que gobernamos nuestras instituciones democráticas o nuestras fronteras? La gobernanza de los datos ya no es un tema técnico reservado a los departamentos de TI. Es un asunto de estrategia nacional, de autonomía soberana y de resiliencia institucional.

Porque quien no controla sus datos, tampoco controla su destino. Cada vez que una organización —pública o privada— almacena información sin protocolos claros, cada vez que un sistema opera sin trazabilidad, ni estándares de calidad, y cada vez que los datos sensibles de la ciudadanía circulan por redes no protegidas o dependen de infraestructuras ajenas al interés nacional, se abre una brecha no solo de ineficiencia, sino de vulnerabilidad. Y no estamos conscientes de esta vulnerabilidad.

La gobernanza de los datos comienza por reconocer que no hay seguridad nacional sin seguridad de la información. Y que no basta con recolectar grandes volúmenes de datos —como sucede en muchos gobiernos y empresas— si estos no están organizados, verificados, protegidos y gestionados con reglas claras, responsabilidades definidas y supervisión permanente.

Contar con un marco de gobernanza de datos significa establecer quién hace qué con la información, bajo qué normas, con qué herramientas, y con qué mecanismos de control. Involucra procesos de creación, validación, auditoría, trazabilidad y destrucción segura. Pero también implica una transformación cultural: comprender que el dato es un activo estratégico, no un simple archivo que se almacena o comparte a conveniencia.

Los desafíos son múltiples. Por un lado, la proliferación descontrolada de datos no estructurados, que exige nuevas tecnologías para su clasificación y análisis. Por otro lado, la falta de capacitación del personal en temas de integridad, ciberseguridad y cumplimiento normativo. Y en tercer lugar, la dependencia tecnológica de proveedores externos —en ocasiones sujetos a jurisdicciones extranjeras— que puede poner en riesgo la confidencialidad de datos críticos del Estado.

A ello se suma la dificultad de armonizar estándares, integrar plataformas, y diseñar una arquitectura de gobernanza que sea flexible pero firme, adaptativa pero exigente. La gobernanza de datos requiere voluntad política, inversión sostenida y liderazgo institucional. ¿Qué está en juego? Nuestra capacidad para proteger la privacidad de los ciudadanos. Para anticipar amenazas. Para garantizar servicios públicos eficientes. Para construir inteligencia nacional basada en evidencia.

Y sobre todo, para blindar las decisiones estratégicas de nuestra nación frente a filtraciones, manipulaciones o injerencias externas. No exagero cuando afirmo que los próximos conflictos no serán únicamente por territorio o recursos naturales: serán por el control del conocimiento, del flujo de datos, de la información que mueve al mundo. Y quien no haya construido hoy los cimientos de una gobernanza sólida y soberana de sus datos, simplemente será administrado por otros