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Estafa millonaria en el Intrant: implicados en caso Camaleón habrían lucrado RD$200 millones

  • La red de corrupción utilizó empresas como Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L. para canalizar fondos públicos a beneficio personal
  • Exdirector Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán habrían manipulado contratos y servicios de emisión de licencias

Hugo Beras, Jochi Gómez y otro imputados  caso Camaleón.
Hugo Beras, Jochi Gómez y otro imputados caso Camaleón.

Santo Domingo.- La estructura de corrupción conocida como caso Camaleón, que involucra a Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y a José Ángel Gómez Canaán (Jochi), ejecutó un sofisticado esquema de estafa mediante el cual habría sustraído más de RD$200 millones del Estado dominicano para beneficio personal.

Según la acusación del Ministerio Público, los implicados cometieron delitos de estafa contra el Estado, tráfico de influencias, fraude en contrataciones públicas y lavado de activos, utilizando como principales instrumentos financieros las empresas Dekolor S.R.L. y PagoRD Xchange S.R.L.

Dekolor S.R.L. fue constituida el 26 de febrero de 2002, bajo la nacionalidad dominicana y con duración indefinida, dedicándose inicialmente a actividades de impresión, rotulación y publicidad, sin experiencia ni habilitación técnica en el sector de tránsito ni en servicios de seguridad vial.

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Sin embargo, en 2019, la empresa experimentó una transformación atípica en su estructura societaria y operativa, coincidiendo con la incorporación de José Ángel Gómez Canaán (Jochi) en su dirección de hecho a través de OML Inversiones S.R.L., de su propiedad, y la Fundación RGS, representada por Rogelio Ramón Oruña Aguilar.

Desde entonces, Dekolor S.R.L. pasó de ser una empresa de impresión comercial a convertirse en un vehículo instrumental dentro del entramado empresarial de Gómez Canaán, utilizado para canalizar fondos públicos provenientes del Intrant mediante contratos y adendas irregulares, alteraciones de precios y proyecciones ficticias.

Los registros societarios de 2023 confirman que Jochi Gómez ejercía control efectivo sobre las decisiones financieras, la firma social y la administración, utilizando la empresa como instrumento de encubrimiento patrimonial y lavado de activos, en coordinación con otras compañías bajo su dominio, como PagoRD Xchange S.R.L., Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S.

El 7 de enero de 2020, el Intrant suscribió un contrato con Dekolor S.R.L. para la “instalación y operación del sistema integral de emisión de licencias de conducir”.

Desde el inicio, Jochi Gómez mantuvo el control efectivo de la empresa, con el objetivo de apropiarse de los flujos financieros derivados del proceso de emisión de licencias.

Durante este período, Dekolor asumió el monopolio del servicio, incorporando equipos, software y personal sin las debidas certificaciones, en violación de las leyes y normativas de contratación pública. Además, los pagos de los usuarios eran procesados por un intermediario electrónico, PagoRD Xchange S.R.L., empresa no registrada ante la Superintendencia de Bancos, pero también vinculada a Gómez Canaán.

El 27 de mayo de 2021, el entonces director ejecutivo del Intrant, Rafael Ernesto Arias Ramírez, firmó con Dekolor S.R.L. una primera adenda contractual, denominada “Primer addendum al Contrato de Concesión del Servicio para la Instalación y Operación de un Sistema Integral de Emisión de Licencia de Conducir Vehículos de Motor”.

Este documento amplió los alcances del acuerdo original, modificando su objeto y precio, e incorporando cuatro nuevos servicios, entre ellos los requisitos adicionales para licencias de conducir, la gestión de los Centros Médicos Psicofísicos (CEMECO) y los servicios de evaluación médica, pese a que Dekolor S.R.L. no contaba con habilitación ni registro sanitario para ofrecer servicios médicos.

A través de estas maniobras fraudulentas, Dekolor S.R.L. comenzó a percibir ingresos adicionales de RD$1,000 por solicitante, correspondientes a los exámenes psicofísicos obligatorios, cobrados directamente a los usuarios sin control institucional ni fiscalización por parte del Ministerio de Salud Pública ni de la Contraloría General de la República.

Los beneficios obtenidos por este esquema ilícito superaron los RD$200 millones, consolidando una conducta típica de estafa agravada, desfalco y coalición de funcionarios, según los informes de fiscalización interna.Este artículo fue publicado originalmente en El Día

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Teresa Casado

Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.

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