Washington.-El Gobierno de Estados Unidos defendió ayer sus planes de recortar la ayuda exterior a Latinoamérica y el Caribe, al argumentar que forma parte de una reducción generalizada en el presupuesto del Departamento de Estado y que no impedirá implementar los programas que considera prioritarios en el continente.

El secretario de Estado adjunto en funciones de Estados Unidos para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, respondió así a las críticas de varios legisladores estadounidenses durante una audiencia para analizar la propuesta de presupuesto para el año fiscal 2018 presentada en mayo por el Gobierno de Donald Trump.

En concreto, los congresistas republicanos Jeff Duncan e Ileana Ros-Lehtinen cuestionaron la decisión de eliminar por completo la partida dedicada a Cuba, que en el año fiscal 2016 recibió 20 millones de dólares. “¿Puede la sociedad civil de Cuba sobrevivir sin fondos para la democracia (procedentes de EEUU)?”, preguntó Ros-Lehtinen, de origen cubano y una de las principales críticas con La Habana en el Congreso.

Palmieri replicó que el Gobierno de Trump sigue teniendo “otras herramientas” que le permitirán “presionar a Cuba en temas de derechos humanos”, entre ellas la existencia de una “embajada en La Habana” o las conversaciones en foros multilaterales como la ONU.

La propuesta de presupuesto de Trump, que aún debe recibir el visto bueno del Congreso, también elimina los fondos para la promoción de la democracia en Venezuela y Nicaragua, una decisión que fue criticada asimismo por Ros-Lehtinen.

Sobre Venezuela, Palmieri dijo que es “absolutamente necesario seguir apoyando al pueblo venezolano en su esfuerzo para restablecer las instituciones democráticas” y que el Departamento de Estado seguirá trabajando en ello. Respecto a Nicaragua, el funcionario argumentó que tienen una “embajada bien dotada de personal” y que sus esfuerzos permitirán “seguir impulsando los intereses nacionales» estadounidenses en el país centroamericano.

La propuesta de presupuesto, que seguramente sufrirá cambios antes de ser aprobada, concedería 1,093 millones de dólares a las operaciones del Departamento de Estado en el continente americano y el Caribe.