El país cuenta, de acuerdo a las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de finales de 2018, con 4,365,884 vehículos de motor.
A partir de eso hay que pensar en otros datos estadísticos vinculados directamente con lo anterior. El exorbitante crecimiento de las muertes violentas en las carreteras es uno de ellos.
También se vincula a factores colaterales de nuestra vulnerable seguridad vial.
Otro factor es el rango de edad de los ciudadanos envueltos a la alarmante cantidad diaria de accidentes viales. Habría que ver cuántos ciudadanos entre los 18 y los 30 años de edad tienen licencia de conducir, ya que en este segmento de la población se produce la mayor cantidad de accidentes de tránsito.
El dato sería importante. Ya que, primero, habría que pensar soluciones en base a la edad de los ciudadanos más afectados.
Y segundo, la incidencia que tiene este índice fatal en el mercado laboral, ya que afecta a una población altamente activa.
La solución ya no depende de la cuantiosa disponibilidad de análisis, estudios o asesorías. Hay que pasar a otra etapa, donde entre en escena la aplicación de políticas eficaces.
De lo contrario el problema seguirá creciendo al ritmo del sensible e incontrolable incremento del parque vehicular.
