El escándalo más reciente vinculado a la nómina pública es el de 130 regidores, muchos de ellos funcionarios públicos que fueron electos y no renunciaron, o sus jefes inmediatos, directores de recursos humanos incluidos, que no hicieron su trabajo.
No se trata de personas anónimas. Todos los candidatos que corrían por un puesto electivo eran conocidos; y pasadas las elecciones, más.
Muchas personas de su entorno sabían del doble pago que hacía el Estado a esas personas.
Hay, incluso, senadores, alcaldes y diputados de nuevo cuño, que antes eran funcionarios públicos.
Está por verse si luego de ser electos renunciaron o tomaron una licencia sin disfrute de sueldo, como se le llama a la autorización que expiden algunas instituciones para mantener a antiguos empleados el derecho de reintegrarse en el futuro a sus labores, si así lo desean.
La juramentación de los que ganaron un puesto electivo pasó en agosto. La nómina de todas las instituciones del Estado debió ser auditada inmediatamente después de este hecho, pero no sucedió así y tenemos el escándalo del doble pago, a un mes y algunos días de terminarse el año.
Afortunadamente, aunque tarde, como siempre sucede, la Contraloría General de la República hace un doble anuncio. Primero, que puso en curso todas las investigaciones necesarias para conocer el caso y los nombres de los 130 regidores que figuraban en varias nóminas de organismos públicos.
En segundo lugar, que habrá un programa de capacitación intensiva para 300 auditores, de forma tal que puedan desempeñar mejor sus funciones.
Hay que saludar ambas disposiciones, pero qué pasará con el dinero cobrado. ¿Pueden tomarse como normales las deficiencias que envuelven el desvío de dinero proveniente de nóminas estatales?
¿Tiene la Contraloría el poder para hacer que los regidores devuelvan los sueldos cobrados? ¿Qué podemos pensar de los representantes del pueblo si se benefician de tan oscuras prácticas?
¿No hay indicios suficientes para revocarles de sus respectivas curules? Esperamos respuestas.
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