Almonte dijo la última planta de Punta Catalina debió ser entregada en octubre de 2017, y la primera en agosto de 2017, de manera que hoy tenemos por lo menos un año y 6 meses por encima del tiempo en que debió entregarse la primera planta.
SANTO DOMINGO.-El ingeniero Antonio Almonte, especialista en materia energética, aseguró que sería un despropósito que el Estado venda su acciones de Punta Catalina, luego de haber asumido su construcción, financiamiento y los aspectos más costosos para su puesta en operación que, entre otras situaciones anómalas, ha implicado el desvío de cuantiosos recursos del Presupuesto Nacional.
Almonte recordó que el proceso de contratación y financiamiento culminó con múltiples cuestionamientos a los que el gobierno no ha dado respuestas satisfactorias.
Afirmó que no tiene justificación que Punta Catalina sea traspasada mediante un acto de venta de acciones, total o parcialmente, y sin que sea necesario, cuando entraría a generar electricidad con excelentes ventajas en términos comerciales y financieros.
El experto consideró que la CDEEE y el gobierno dominicano tienen suficiente experiencia, adquirida en su asociación con Ege Haina y Ege Itabo, fruto de la capitalización de 1999, por lo que las autoridades saben muy bien que deben hacer como las generadoras privadas para garantizar eficiencia y rentabilidad, contratando los servicios de equipos de especialistas nacionales y extranjeros que en base a contratos bien claros se encarguen de la administración, operación y mantenimiento de las centrales eléctricas, y con independencia para la designación de personal, para que no haya ningún peligro de que Punta Catalina sea pasto de clientelismo”, apuntó.
En su opinión, hay otra razón fundamental para rechazar la venta que quiere hacer el gobierno, y es que Punta Catalina producirá una cantidad enorme de energía que tiene garantizada su venta, en razón de que será una de las generadoras que producirá a más bajo costo variable de producción en función del precio del combustible.
Antonio Almonte agregó que así la energía de Punta Catalina sería preferida en el mercado spot, lo mismo que si vende por contrato ya que tendrá garantizada la venta porque las propietarias jurídicas de Punta Catalina son las tres empresas distribuidoras, que fueron las que hicieron el contrato con Odebrecht y Rubén Bichara y la CDEEE actuaron como intermediarios de Edesur, Edeste y Edenorte.
Explicó que como las tres distribuidoras son las propietarias jurídicas de Punta Catalina, comprarán la energía que produzca su central termoeléctrica para venderla a sus clientes, por lo que tiene garantizada su venta y a buen precio.
“No hay ninguna justificación, ni económica ni técnica para la venta de Punta Catalina, pero además habría que ver por cuanto la venderían, porque se habla de venderla por el costo de construcción, de mil 945 millones de dólares, lo que es apenas una parte, posiblemente el 70% o menos del costo total que le ha significado Punta Catalina al pueblo dominicano, porque en un proyecto de ese tipo siempre que hay que sumarle las inversiones que ha hecho el Estado en el proyecto”, dijo.
Y puso de ejemplo, para citar un solo caso, que la última planta de Punta Catalina debió ser entregada en octubre de 2017, y la primera en agosto de 2017, de manera que hoy tenemos por lo menos un año y 6 meses por encima del tiempo en que debió entregarse la primera planta
“Ese año y 6 meses de construcción, de pruebas, de compra de combustible, de mano de obra, etc., ¿quién lo ha costeado?”, se preguntó, para responderse: “Oh, la CDEEE, el Estado dominicano, sino en un 100%, la mayor parte, y ese costo de construcción habría que sumárselo al contrato, aparte de otros gastos que ha hecho CDEEE. Entonces, cuando se sumen todos esos costos al valor original del contrato, y se le presente al país ese informe, se pondrá empezar a hablar del precio a que se podría vender Punta Catalina”.
Almonte anotó que, como le demandó el presidente del PRM, senador José Ignacio Paliza, cualquier proceso de venta de Punta Catalina debe hacerse con absoluta transparencia y siguiendo el curso de los procesos institucionales de lugar, ya que involucra un bien de importancia estratégica para el país, como es le prestación del servicio eléctrico.
