La verbena durante el período anterior a la crisis, orquestado por un sistema financiero irresponsable que en su afán de inflar sus estados se dieron a la tarea de otorgar préstamos hipotecarios a personas sin capacidad de pago y que posteriormente ante el desequilibrio en la economía mundial, acabó sepultando el otrora poderoso motor económico de la varilla y el cemento español, dando al traste a miles de proyectos inmobiliarios, empresas dedicadas a la construcción y sobre todo, provocó millones de nuevos desempleados; que a la fecha representan más del 25% de la población ibérica.
Ante la cruda realidad del desempleo, se hace prácticamente imposible que las personas cumplan con las obligaciones crediticias, dentro de las que se incluye el pago de la hipoteca, dejando a las familias el fortísimo drama de ser desahuciados de su vivienda, dejándolos desamparados ante un sistema de bienestar que está en plena extinción.
En el artículo 47 de la Constitución española reza que: Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Pero, es realmente un derecho la vivienda?, ¿Acaso el estado no fue demasiado permisivo consintiendo el otorgamiento de créditos hipotecarios a personas que apenas calificaban para alquiler?
Desde el inicio de la crisis en 2008 en España se han tramitado más de 350.000 casos de desahucios, de los que se han llevado a cabo 172.000 entre primeras residencias, residencias en zonas playeras, residencias en montaña, garajes, locales comerciales y naves industriales.
Pero esto no se queda aquí, la actual Ley de Hipotecas no contempla que la entrega de la vivienda es suficiente para saldar el préstamo hipotecario tomado con el banco, sino que los desahuciados deben seguir pagando al banco los intereses de demora y comisiones bancarias; por lo que para resolver este problema es necesario modificar la Ley de Hipotecas para mostrar un lado más humano a esta difícil situación, y más cuando la economía está estancada.
Ante una huelga general en todo el territorio español reclamando sus derechos por este terrible drama social, tanto el Partido Popular como el PSOE han acordado una serie de medidas para evitar los desahucios, paralizando las ejecuciones hipotecarias por un periodo de dos años en los casos de circunstancias de extrema necesidad y vulnerabilidad; así como limitar la tasa de los intereses de demora.
