Un juez en España decidió acusar formalmente a la hermana del rey, Cristina de Borbón, por los delitos de fraude fiscal y lavado de dinero y debe ser juzgada.
Según el juez José Castro, la infanta sacó provecho de los negocios ilegales de su esposo, Iñaki Urdangarín, cuyos beneficios iban a una empresa cuya propiedad era compartida por ambos.
En su resolución, el juez sostiene que hay suficientes indicios de delito en la actuación de la persona imputada para llevarla a juicio.
Tanto Urdangarín como su socio, Diego Torres, recibieron contratos de administraciones públicas a través del Instituto Nóos, que presentaban como entidad sin ánimo de lucro.
El auto también mantiene la imputación a 15 de los 32 implicados en el caso.
Algunos de los acusados estaban involucrados al negocio ilegal de Urdangarín y su socio y otros tenían cargos en las administaciones públicas que adjudicaron por decisión personal los contratos al Instituto Nóos.
Cargos
Castro imputó nueve delitos a Iñaki Urdangarín: malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, falsificación, estafa, fraude a la administración y dos delitos fiscales.
La investigación del juez encontró que Urdangarín y su socio cobraron más de US$8 millones a los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciada por organizar eventos en los que invirtieron sólo unos US$3 millones.
Los contratos fueron recibidos a través del Instituto Nóos, pero éste desviaba el dinero público hacia empresas privadas propiedad de Urdangarín y Torres.
Una de las empresas eran Aizoon, cuyos propietarios son Cristinta de Borbón y su esposo, cada uno con 50% de participación.
Cristina y su esposo gastaron dinero de esta empresa para cuestiones particulares que presentaban fiscalmente como gastos de la actividad empresarial.
