El agua, a pesar de la cíclica escasez que afecta al país, constituye el principal producto para importantes negocios improvisados, que no pagan por su uso; y que funcionan sin ninguna regulación en Santo Domingo, Santiago e importantes provincias y ciudades del interior.
La falta de controles ha contribuido a que florezcan, solo usando agua, prósperos negocios en el envasado de agua, en la venta al granel, en la multiplicación de cadenas de lavaderos de autos, en la construcción de grandes torres y edificios que no pagan agua, en barrios y comunidades que nacen como semilleros y demandan agua para sus viviendas; sin contar las fábricas clandestinas de bebidas refrescantes, los cientos de canales de riegos, los terratenientes y agricultores que también usan el agua y no pagan por ella.
Un censo organizado impide saber en las dependencias oficiales del área cuántos lavaderos clandestinos usan el agua; qué sucede con los cientos de envasadoras y canales de riegos que se alimentan de agua mal habida, de los edificios que llenan sus cisternas sin pagar un precio justo por el uso de las aguas.
No se sabe, en fin, cuántos millones de galones de agua de pierden a diario a través del fraude, los malos hábitos de consumo y el uso no regulado.
No se sabe cuántos millones al año pagan los contribuyentes para subsidiar el agua que otros usan y no pagan.
Igual que el fraude de la energía eléctrica, también se debe regular y castigar drásticamente el desperdicio como el fraude del agua. Sobre todo en temporadas tan críticas y de profunda escasez como la que vivimos.
