Definir a un presidente como municipalista exige ir más allá de su cercanía con los alcaldes, de las reuniones celebradas con autoridades locales o de las obras financiadas en los territorios.
El verdadero municipalismo se mide por la voluntad de fortalecer a los gobiernos locales como instituciones autónomas, con competencias claras, recursos previsibles y capacidad para decidir sin depender permanentemente de solicitudes al Poder Ejecutivo.
Durante la gestión de Luis Abinader se han producido avances que deben reconocerse. Ha existido una relación más fluida con los ayuntamientos, mayores niveles de acompañamiento técnico, continuidad de herramientas como el SISMAP Municipal, incentivos por desempeño y una mayor incorporación de los gobiernos locales a los sistemas de compras públicas, transparencia y rendición de cuentas.
También se han destinado recursos importantes para aceras, contenes, mercados, cementerios, mataderos, parques y otras necesidades locales. Estas inversiones tienen impacto directo en las comunidades y han permitido atender problemas que muchos ayuntamientos, por sus limitaciones presupuestarias, difícilmente habrían podido resolver.
La cuestión central no es si se han entregado recursos. La pregunta correcta es cómo se entregan y bajo qué lógica institucional.
Una parte importante del financiamiento municipal continúa dependiendo de anuncios presidenciales, programas especiales, solicitudes de alcaldes, acuerdos políticos o asignaciones canalizadas mediante instituciones del Gobierno central. Aunque estos fondos puedan ser necesarios y legítimos, su utilización frecuente confirma la debilidad del modelo municipal dominicano.
Los recursos de los ayuntamientos no deberían depender de la capacidad de gestión personal de cada alcalde, de su relación con el Gobierno o de la presentación ocasional de proyectos. Deben llegar mediante fórmulas legales, objetivas, transparentes y permanentes.
La Ley 166-03 establece que los gobiernos locales deben recibir el 10 % de los ingresos del Estado. Ese mandato continúa incumplido. Mientras se anuncian partidas extraordinarias de miles de millones de pesos, las transferencias ordinarias permanecen muy por debajo de lo dispuesto legalmente.
Esta contradicción debe formar parte de cualquier evaluación imparcial. Un Gobierno puede mostrarse cercano a los municipios y, al mismo tiempo, mantenerlos financieramente subordinados. Puede ejecutar obras locales, pero conservar la decisión sobre cuáles territorios reciben recursos, cuánto reciben y en qué momento.
La autonomía municipal no consiste únicamente en administrar lo que el Gobierno central decide entregar. Implica disponer de ingresos suficientes, previsibles y establecidos por ley. También requiere fortalecer la capacidad de recaudación propia, revisar las competencias municipales y reducir la dependencia de fondos discrecionales.
¿Es Abinader un presidente municipalista? Ha demostrado mayor sensibilidad hacia los gobiernos locales que otros mandatarios y ha respaldado proyectos relevantes.
Esa valoración positiva no debe impedir una conclusión crítica; su gestión ha fortalecido el acompañamiento municipal, pero todavía no ha transformado el modelo de financiamiento.
El verdadero salto municipalista ocurrirá cuando los ayuntamientos dejen de acudir al Palacio Nacional a solicitar lo que una ley ya les reconoce. Mientras los recursos especiales sustituyan las transferencias institucionales, habrá cooperación con los municipios, pero no autonomía municipal plena.
