La siniestralidad de los accidentes de tránsito en la República Dominicana constituye un grave problema de salud y de seguridad ciudadana. Ha alcanzado niveles tan alarmantes que su abordaje requiere la participación de toda la sociedad.
Las medidas necesarias para reducir los accidentes y las muertes en las vías públicas han sido identificadas hace tiempo, y se han hecho algunos intentos de implementación; sin embargo, la mayoría de estas iniciativas han quedado en planes piloto u operativos temporales.
Es fundamental comenzar por la educación de la ciudadanía, especialmente en lo que respecta al respeto a las normas de tránsito.
Este enfoque no sólo reduciría los accidentes y sus consecuencias, sino que también mejoraría el flujo vehicular en las ciudades.
La acción represiva, necesaria para quienes incumplan las leyes, debe ser un recurso complementario más que el eje central de la estrategia. Sin duda, muchas empresas privadas estarían dispuestas a colaborar en una campaña educativa, liderada por las autoridades gubernamentales responsables.
La educación vial en los centros educativos ha demostrado ser de gran ayuda en varios países que enfrentan problemas similares. Esta educación debe extenderse más allá de las escuelas, a la esfera familiar, los centros de trabajo y los medios de comunicación masiva.
Asumamos este problema como una prioridad y comencemos a revertir las alarmantes estadísticas.
