Santo Domingo.-El juez de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva a la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré y el renunciante miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Alberto Arias Valera.
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El magistrado Ramón Horacio González dispuso que Reyes Beltré y Arias Valera deberán cumplir la pena en Najayo Mujeres y hombres respectivamente.La medida fue adoptada pasadas la 1:30 de la madrugada.
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Durante más de diez horas, el magistrado González escuchó los argumentos de las partes, cuya defensa técnica, representada por los abogados Tomás Castro y Carlos Balcácer, solicitó rechazar el pedimento del procurador, asegurando que sus defendidos tienen presupuestos que garantizan su presencia ante cualquier citación durante las investigaciones.
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El juez González aceptó la solicitud del procurador general, Francisco Domínguez, de enviar a los jueces a prisión preventiva por considerar que existen indicios de culpabilidad y probabilidad de fuga.
Domínguez recordó que los jueces Awilda Reyes y Francisco Arias están acusados de formar parte de una red dentro del Poder Judicial que recibía pagos por parte de presuntos criminales a cambio de fallos a su favor.
Según el procurador una investigación de más de un año determinó que Arias, quien fungía como miembro del Consejo del Poder Judicial, encabezaba la presunta red de corrupción. En dicha estructura participaban, además de jueces, algunos empleados del Poder Judicial.
Otros cuatro jueces fueron suspendidos como parte de la investigación y esperan que el Consejo del Poder Judicial determine si además de un juicio disciplinario los envía a un proceso penal ordinario como a Reyes y Arias.
Es la primera vez en que jueces activos son procesados judicialmente por presunta corrupción. Reyes, quien presidía una de las cámaras penales de la capital, insistió en su inocencia durante la audiencia de más de 12 horas que concluyó la madrugada del jueves.
La jueza está acusada de haber aceptado de forma presunta sobornos para liberar a un concejal acusado de integrar una banda de sicarios vinculada al menos con cinco asesinatos.
La Procuraduría también cuestiona el fallo mediante el cual Reyes devolvió a su propietario un avión decomisado como parte de un proceso contra un empresario venezolano acusado de un fraude millonario.
A su vez es cuestionada por aprobar la devolución de 20,8 millones de dólares que habían sido decomisados a una compañía constructora vinculada a un hombre condenado a siete años de prisión en España por narcotráfico. Arias, por su parte, fue acusado por la Procuraduría de ser el encargado de negociar y distribuir de forma presunta los montos de los sobornos.
