Algunos entrenadores inyectan a sus prospectos con medicamentos para caballo, para obtener un mayor rendimiento como pelotero.
HATO MAYOR.- Un tribunal de aquí impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a un entrenador de béisbol que le habría inyectado una sustancia para caballos a un joven pelotero de esta provincia. Posteriormente al deportista tuvieron que amputarle una pierna.
Es la primera vez que se logra levantar evidencias y obtener medidas de coerción con prisión en una práctica criminal que tiene años desarrollándose y que le ha llegado la hora de detenerse y ser sancionada.
Al adolescente, de 17 años de edad, y cuyo nombre se omite por razones legales, le habría sido inyectada una sustancia para caballo, presumiblemente esteroide anabólico. Las investigaciones establecen que la misma sustancia también había sido inyectada a un hermano de éste de 15 años y a un amigo, éste último quien habría convulsionado después de recibir una dosis del producto.
De acuerdo a evidencias obtenidas en el transcurso de las pesquisas, Rodríguez habría cobrado la suma de RD$5,000.00 al joven, los cuales serían utilizados para comprarle una vitamina para mayor rendimiento como pelotero. Indica que luego de recibir el medicamento, que le inyectaba cada dos días, le provocaba una sudoración excesiva por las noches y calambres en las piernas terminando en una desgracia mayor para el joven.
El menor luego de ser llevado a varios centros de salud de la región este y el Distrito Nacional, finalmente fue ingresado el pasado 23 de noviembre en el Hospital Moscoso Puello, donde le fue realizada la amputación supracondilea del miembro inferior derecho.
La víctima habría sido ingresada al hospital agudamente enfermo, afebril, con aumento del volumen de varios miembros inferiores, cianosis plantar y ausencia de pulsos infrapaterlar.
Procurador advierte
En este sentido, el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, advirtió a las personas que se dedican a entrenar jóvenes, que actuará sin contemplaciones ante este tipo de hechos, que además de constituir una infracción penal, ponen en juego la vida de nuestros jóvenes.
También, hizo un llamado a los familiares de jóvenes que actualmente se encuentran entrenando con la ilusión de llegar a grandes ligas y tener una mejor vida.
«A ellos les digo, que no se dejen engañar por personas sin ningún tipo de escrúpulos, que vean este triste ejemplo para que no les pase lo mismo», expresó.
«Aunque la familia desista de continuar la acción en casos que como éstos, atentan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes, nosotros nos mantendremos firmes para que los que cometen este tipo de delito, cumplan ante la ley de los hombres», dijo el procurador.
En ese sentido, la institución explicó que a pesar del desistimiento del proceso judicial por parte de los familiares de la víctima, quienes habían denunciado el caso ante esta institución, continúan realizando una exhaustiva investigación y trabajando en la recolección de pruebas que permitan su envío a juicio de fondo y lograr que sea condenado de manera ejemplar.
Explicó que tan pronto recibieron la información iniciaron un proceso de investigación y recolección de pruebas utilizando todas las herramientas y tecnología disponible resaltando que durante el proceso fue también realizado un allanamiento en la residencia del imputado, donde fueron confiscados varios medicamentos, bálsamos y soluciones inyectables.
El Ministerio Público explicó que ha otorgado al presente caso la calificación jurídica provisional de violación al artículo 320 del Código Penal Dominicano, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, los artículos 396 literales A y B, 397 y 412 del Código para el Sistema y Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), y el artículo 155 de la Ley General de Salud No. 42-00.
La medida de coerción fue impuesta por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Hato Mayor contra el imputado Daniel Rodríguez, alias Salomé, de aproximadamente 43 años de edad, ordenando el cumplimiento de la misma en la cárcel pública de El Seibo.
La Procuraduría Fiscal de Hato Mayor, que dirige la magistrada Marleni Guante, estuvo representada durante la audiencia por el fiscal de esta jurisdicción, Daniel Alberto Robles Nivar, quien presentó durante la audiencia diferentes certificaciones médicas y psicológicas expedidas a la víctima, las cuales demuestran las graves lesiones que presenta producto presumiblemente del suministro de la sustancia.
