Empezamos por aclarar que no defendemos a delincuentes, sino principios, aunque a veces, por ser leales a la institucionalidad se nos confunda en nuestros roles.
Entendemos que, por más delincuente que sea una persona, hay que observar con ella estrictamente los procedimientos legales establecidos, hasta que un tribunal calificado decida qué hacer en cada caso.
En los expedientes de Cacón y Sobeida las cosas no se están manejando con claridad.
La Policía Nacional y el Ministerio Público están en entredicho en ambos casos y la credibilidad de que deben gozar ambos estamentos llevan un rumbo cuesta abajo.
Las imprudentes declaraciones del jefe policial seguidas, minutos después, por la muerte a tiros del llamado Cacón en circunstancias muy sospechosas, nos hacen temer por un grave retroceso en la anhelada profesionalización de la Policía Nacional.
Por otra parte, la negativa de la fiscal del Distrito Nacional para cumplir lo pactado entre Sobeida y el fiscal anterior, lo único que hace es que la gente pierda la fe en el Ministerio Público.
El fiscal anterior -actualmente juez de la Suprema Corte- ha dicho que en su momento estaría en disposición de hacer las aclaraciones de lugar, si fuere necesario.
Pues bien, ¡este es su momento! ¿Qué esperamos? La verdad no puede ser guardada para después.
Los que estamos del lado de la Ley y la Justicia no podemos emplear los mismos métodos dudosos que usan los delincuentes, pues eso nos pondría de igual a igual con ellos.
Juguemos limpio. La razón está de nuestra parte. Podemos ganar sin hacer trampas.