El reciente apresamiento y posteriormente puesto en libertad de un funcionario de la Liga Municipal Dominicana acusado de fraude millonario en perjuicio de unos ciudadanos y el proceso penal que enfrenta la directora del INAFOCAM, Clara Joa, luego de ser acusada de presuntamente negarse a entregar información relacionada con contrataciones realizadas por la institución, son "pequeñas menudencias" que el Ministerio Público no debe pasar por alto.
El primer caso que involucra al agrimensor azuano Pedro Manuel Acosta Rodríguez, acusado de violación al derecho de propiedad, falsedad en escritura y uso de documentos falsos, en el marco de un presunto fraude inmobiliario relacionado con terrenos costeros y que fue apresado en flagrante delito y posteriormente puesto en libertad por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Azua mediante una garantía económica de RD$100,000, nos llama a suspicacia debido a que la operación realizada por éste funcionario está valorada en más de 100 millones de pesos.
La pregunta en este caso es: ¿cómo es posible que a un individuo que comete un hecho tan gravoso como ese se le ponga una garantía económica de poca monta cuando hay involucrada una suma tan cuantiosa de dinero?
De acuerdo con las investigaciones, el imputado, encargado del departamento de titulación de la Liga Municipal Dominicana (LMD), habría participado en la sustracción de una carta constancia correspondiente a una franja de playa de aproximadamente 94 mil metros cuadrados, realizando posteriormente un deslinde irregular para transferir los derechos de propiedad a terceros.
Las autoridades sostienen que estas acciones provocaron el despojo de los legítimos propietarios de los terrenos afectados. Y la otra pregunta es: ¿a qué partido pertenecen los beneficiados con el traspaso de estas propiedades?
El segundo caso que nos ocupa es la denuncia realizada por el presidente del Colectivo Ciudadanos por la Calidad Educativa, Juan Valdez, quien ha acusado a la directora del INAFOCAM, Clara Joa, por presuntamente negarse a entregar información relacionada con contrataciones realizadas por la institución. Además, señaló posibles irregularidades y una presunta sobrevaluación de casi RD$300 millones en cursos virtuales.
De acuerdo con el denunciante, la funcionaria habría incumplido solicitudes formales de información pública vinculadas a contratos y procesos administrativos, lo que también ha generado cuestionamientos sobre transparencia dentro del organismo encargado de la capacitación del magisterio.
De ser esto cierto, cabría preguntar: ¿por qué el Ministerio Público no mueve la cabeza hacia el INAFOCAM echando una miradita a esos contratos y ordena una investigación?
Sobre el autor
Periodista,locutor, poeta y ensayista. Ha laborado en distintos medios de comunicación y ha producido programas de radio y televisión nacional. Es productor desde hace 28 años, junto al profesor Messala Tapia el Programa " Al tanto" en la WLCH, Radio Centro 91.3 y 100.3 FM, en la ciudad de Lancaster Pennsylvania.
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