Entidades instan a Educación dar a conocer pérdidas por suspensión docencia

Plantean necesidad de activar una “Alerta Nacional de Riesgo Educativo”

Maestros san juan
Docentes de San Juan de la Maguana

Santo Domingo.– Luego de expresar su profunda preocupación y rechazo a la suspensión de docencia en los últimos días en San Juan de la Maguana y Neyba, que ha afectado a más de un centenar de escuelas, unas 26 entidades llamaron al Ministerio de Educación a dar a conocer las pérdidas de horas y días de clases, para que se conozca la magnitud del daño.

Las organizaciones aglutinadas en el Colectivo Pacto Educativo y el Foro Socioeducativo, que deploraron que se prive a niños, niñas y adolescentes de su derecho fundamental a aprender, exhortaron al Defensor del Pueblo a ejercer de manera activa sus atribuciones legales, velando porque no se vulnere el derecho fundamental a la educación.

Insistieron en que la educación no puede ser rehén de disputas sectoriales, y en que es hora de colocar en el centro de la agenda pública a quienes más importan, los estudiantes.

“Cada interrupción en el calendario escolar golpea con mayor dureza a quienes menos tienen. Si bien reconocemos el derecho a ciertos reclamos laborales, no podemos aceptar que la infancia y la juventud dominicana sean rehenes de conflictos que no les corresponden”, externaron las entidades.

Afirmaron que se está normalizando lo inaceptable: “Una generación perdiendo días y semanas de clase que nunca serán recuperados plenamente”, afirmaron las entidades en un documento dirigido a los medios de comunicación.

Alegaron que la Constitución dominicana consagra en su artículo 63 la educación como un derecho fundamental y servicio público esencial, además de que el Tribunal Constitucional ha establecido que este derecho tiene primacía sobre la legitimidad de los gremios a realizar huelga en la función pública.

Piden cláusula de garantía estudiantil

El Colectivo Pacto Educativo y el Foro Socioeducativo, proponen la creación de una “Cláusula de Garantía Estudiantil”, que asegure la recuperación efectiva de las clases suspendidas, apoyo emocional y refuerzo pedagógico para los estudiantes afectados.

“Invitamos a las familias y comunidades escolares a sumarse a esta causa, no para confrontar a nadie, sino para defender unidos el derecho de nuestros niños y niñas a recibir docencia sin interrupciones”, sugirieron las entidades que plantea la necesidad de activar una “Alerta Nacional de Riesgo Educativo” cada vez que se paralicen las clases, como instrumento simbólico y ciudadano para visibilizar las consecuencias de las suspensiones y movilizar a la sociedad en defensa del derecho a aprender.

La educación no puede ser rehén de disputas sectoriales. Es hora de colocar en el centro de la agenda pública a quienes más importan: nuestros estudiantes.

Organizaciones que rechazan pérdidas de clases

Entre las entidades que rechazan la pérdida de clases figuran Acción Empresarial por la Educación (EDUCA); Alianza ONG; el Centro Cultural Poveda; Centro de Formación Medioambiental (ECOBOSCO); el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF); y el Centro de Investigacion y Promocion Social (CIPROS).

También impugnan la acción el Centro Juan XXIII; Ciudad Alternativa; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO República Dominicana); Fe y Alegría RD; Foro Ciudadano; Foro Socioeducativo (FSE); Fundación Inicia Educación; Instituto 512; . Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP); el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), así como Misión Educativa Lasallista; Muchachos y Muchachas con Don Bosco, y Plan Internacional.

Igual figuran la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Repensar la Educación (RED); Sector Escuela Salesiana (SES); la Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos (UNECC); Universidad Iberoamericana (UNIBE); la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y World Vision.

Sobre el autor

Yanet Féliz

Periodista con amplia experiencia en temas de medio ambiente y ciudadanía.