Santo Domingo.– Luego de expresar su profunda preocupación y rechazo a la suspensión de docencia en los últimos días en San Juan de la Maguana y Neyba, que ha afectado a más de un centenar de escuelas, unas 26 entidades llamaron al Ministerio de Educación a dar a conocer las pérdidas de horas y días de clases, para que se conozca la magnitud del daño.
Las organizaciones aglutinadas en el Colectivo Pacto Educativo y el Foro Socioeducativo, que deploraron que se prive a niños, niñas y adolescentes de su derecho fundamental a aprender, exhortaron al Defensor del Pueblo a ejercer de manera activa sus atribuciones legales, velando porque no se vulnere el derecho fundamental a la educación.
Insistieron en que la educación no puede ser rehén de disputas sectoriales, y en que es hora de colocar en el centro de la agenda pública a quienes más importan, los estudiantes.
“Cada interrupción en el calendario escolar golpea con mayor dureza a quienes menos tienen. Si bien reconocemos el derecho a ciertos reclamos laborales, no podemos aceptar que la infancia y la juventud dominicana sean rehenes de conflictos que no les corresponden”, externaron las entidades.
Afirmaron que se está normalizando lo inaceptable: “Una generación perdiendo días y semanas de clase que nunca serán recuperados plenamente”, afirmaron las entidades en un documento dirigido a los medios de comunicación.
Alegaron que la Constitución dominicana consagra en su artículo 63 la educación como un derecho fundamental y servicio público esencial, además de que el Tribunal Constitucional ha establecido que este derecho tiene primacía sobre la legitimidad de los gremios a realizar huelga en la función pública.
Piden cláusula de garantía estudiantil
El Colectivo Pacto Educativo y el Foro Socioeducativo, proponen la creación de una “Cláusula de Garantía Estudiantil”, que asegure la recuperación efectiva de las clases suspendidas, apoyo emocional y refuerzo pedagógico para los estudiantes afectados.
“Invitamos a las familias y comunidades escolares a sumarse a esta causa, no para confrontar a nadie, sino para defender unidos el derecho de nuestros niños y niñas a recibir docencia sin interrupciones”, sugirieron las entidades que plantea la necesidad de activar una “Alerta Nacional de Riesgo Educativo” cada vez que se paralicen las clases, como instrumento simbólico y ciudadano para visibilizar las consecuencias de las suspensiones y movilizar a la sociedad en defensa del derecho a aprender.
La educación no puede ser rehén de disputas sectoriales. Es hora de colocar en el centro de la agenda pública a quienes más importan: nuestros estudiantes.
Organizaciones que rechazan pérdidas de clases
Entre las entidades que rechazan la pérdida de clases figuran Acción Empresarial por la Educación (EDUCA); Alianza ONG; el Centro Cultural Poveda; Centro de Formación Medioambiental (ECOBOSCO); el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF); y el Centro de Investigacion y Promocion Social (CIPROS).
También impugnan la acción el Centro Juan XXIII; Ciudad Alternativa; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO República Dominicana); Fe y Alegría RD; Foro Ciudadano; Foro Socioeducativo (FSE); Fundación Inicia Educación; Instituto 512; . Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda (ISESP); el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), así como Misión Educativa Lasallista; Muchachos y Muchachas con Don Bosco, y Plan Internacional.
Igual figuran la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Repensar la Educación (RED); Sector Escuela Salesiana (SES); la Unión Nacional de Escuelas y Colegios Católicos (UNECC); Universidad Iberoamericana (UNIBE); la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y World Vision.
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