SANTO DOMINGO.- La Asociación de Inmigrantes y Domínico-Haitianos (Asoimdaha) acusó ayer al Gobierno de no hacer nada para frenar la ola de violencia contra los ciudadanos haitianos.
En un documento público, el director de la entidad, Phillomard M. Joseph, indicó que la comunidad haitiana en el país se siente indignada frente a los hechos de violencia perpetrados contra los trabajadores haitianos residentes en la República Dominicana.
Refirió que esas continuas agresiones, alegadamente protagonizadas por dominicanos contra los trabajadores haitianos, también incluyen abusos policíaco- militares.
Entre los casos que deplora se encuentran la repatriación indiscriminada realizada en horas nocturnas, separación de padres y madres de sus hijos menores de edad, el despojo de sus pertenencias y acoso sexual contra las mujeres detenidas para ser repatriadas.
Indicó que a las deportaciones se suman otros atropellos, como casos criminales que se quedan impunes, como la muerte de varios haitianos en Villa Trina en 2005; ese mismo año grupos quemaron las vivienda de haitianos en Hatillo Palma, y ese tipo de hechos se ha repetido en Mao, Barahona, San Pedro de Macorís, Higüey, Haina y Dajabón.
Agregó que a esto se suma la decapitación de un haitiano en Herrera y el más reciente, el pasado jueves tres trabajadores haitianos fueron carbonizados por depredadores dominicanos y uno fue tirado a un vertedero improvisado.
La entidad deplora que todavía no haya nadie detenido ni tampoco el Gobierno dominicano levanta la voz para condenar estos hechos criminales, indicó Phillomard M. Joseph.
Petición
La Asoimdoha hace un llamado a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que trabajen por el respeto de los derechos de los trabajadores haitianos y sus descendientes.
Pidió unirse para condenar esos hechos de barbarie y exigir al Gobierno esclarecer la presunta ola de violencia y de agresiones contra los nacionales haitianos radicados en la República Dominicana.
Ley de Migración Grupos nacionalistas piden al Gobierno aplicar la Ley General de Migración y aprobar su reglamento.
