Una de las prácticas más odiosas en la política dominicana ha sido la aberrante práctica clientelar institucionalizada con el peculiar nombre de “barrilito”.
Congreso de todos las tonalidades han mantenido esa práctica y han buscado todas las formas de justificar el hecho de que cada mes se le entregue más de 20 millones de pesos (solo para los senadores) que gastan a su discreción en supuesto asistencialismo en sus respectivas provincias.
Parte de la simpatía alcanzada por la mayoría de los actuales senadores se debió a que renegaban del barrilito, profiriendo críticas y calificándolo de un mecanismo propiciador de desequilibrio entre senadores en ejercicio y los que aspiraban a sucederles.
Y en todos sus pronunciamientos tenían la razón.
El apego al “barrilito” ha hecho que legisladores pierdan el norte de sus funciones.
Con esa aberración no resuelven ninguno de los problemas de sus comunidades y solo logran prolongar el estado de pobreza.
Los legisladores tienen mecanismos institucionales para luchar por soluciones permanentes a los problemas de sus comunidades.
Entre las armas de los congresistas para las luchas por sus comunidades están interpelar a funcionarios responsables de las áreas de gobierno, proponer resoluciones, hacer visible las situaciones aprovechando su exposición mediática con el objetivo de llevar soluciones definitivas e institucionales.
Solo dos senadores han renunciado de manera individual a recibir el “barrilito”, Eduardo Estrella, de Santiago, y Antonio Taveras, de Santo Domingo.
Bien hecho por ellos y los aplaudimos.
Pero no es suficiente.
Muchos dominicanos aspiran a que el barrilito sea eliminado de manera institucional.
