Ha recibido muchos aplausos el decreto emitido por el Presidente de la República en el que se dispone la enseñanza obligatoria de la Constitución de la República en el nivel preuniversitario.
La intención, según establece la misma disposición, es que desde la escuela se forjen "ciudadanos más comprometidos con la patria y la sociedad".
Todo el sistema educativo debe estar permeado de ese objetivo. Dirían algunos teóricos que ese propósito tiene que ser transversal a toda la enseñanza, tanto en la preuniversitaria como en la universitaria (pública y privada), pues sería la garantía de forjar los buenos ciudadanos y competentes profesionales que necesita la nación.
Tenemos algunas observaciones que hacer a esta iniciativa presidencial. No se trata de una materia sobre “Derecho constitucional”, sino de que la currícula completa se encamine a que los estudiantes conozcan sus derechos y deberes, pero que además se conviertan en personas críticas ante los estamentos llamados a hacer cumplir nuestras leyes.
Todos estamos obligados a cumplir las leyes, pero nuestra clase dirigencial tiene el compromiso adicional de hacerlas cumplir.
De lo que se trata es de que seamos compromisarios del cumplimiento de ese pacto, llamado Constitución, que rige nuestra vida como nación.
Las aulas son un buen escenario para aprender a ser buenos ciudadanos, lo cual incluye cumplir con lo que nos toca y exigir lo que nos corresponde.
