En todo el mundo, las protestas pacíficas son vistas como parte de la democracia; una acción ciudadana que en vez de hacer daño contribuye a un mejor ejercicio del poder.

Sin embargo, esa perogrullada no parece ser bien entendida por sectores del gobierno de Danilo Medina. Ebrios de poder, algunos peledeístas con inclinaciones autoritarias prefieren reprimir cualquier voz disidente. Y eso es altamente peligroso para una democracia endeble como la dominicana.

Para algunos funcionarios de horizontes limitados, resulta inaceptable cualquier protesta contra la corrupción, “porque son un peligro para la seguridad nacional».

Así vemos al ministro de Interior y Policía y algunas otras bocinas del Gobierno, cual bufones desfasados, justificar la represión policial contra indefensos ciudadanos que, armados únicamente con la razón y el deseo de tener un mejor país, van frente al Palacio Nacional para demandar el cierre de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), por considerar que la misma no es otra cosa que una “cueva de ladrones”.

Paradójicamente, los mismos dirigentes y funcionarios del PLD que llaman a reprimir a los manifestantes, guardan un silencio cómplice ante los bochornosos actos de corrupción en la Oisoe. Insisto, no entiendo porqué personas que se consideran a sí mismas serias, se sienten en la obligación de defender a delincuentes.

Pero si desafortunada ha sido la respuesta dada hasta ahora a los buenos dominicanos que, a lo mejor equivocados, luchan contra la corrupción en el Gobierno, menos afortunada ha sido la respuesta del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, al justo reclamo de la Sociedad Dominicana de Diarios de que el Mandatario permita que la prensa le haga preguntas y que no tenga que limitarse a publicar exclusivamente lo que le interese al Palacio.

“El Presidente no está para hablar”, ha dicho el funcionario en respuesta a las críticas de la prensa.
Ni hablar del desdén palaciego ante las críticas de la oposición al Presupuesto y las demandas de mayor asignación a sectores como Salud y Seguridad Ciudadana.

La intransigencia ante las protestas anticorrupción, la indiferencia ante reclamos de los médicos y las desacertadas respuestas a las críticas son, a mi juicio, ensayos antidemocráticos que en nada favorecen al presidente Medina, quien debería ordenar detener “ipso facto” la represión policial contra manifestantes pacíficos y aceptar los cuestionamientos de la prensa, y atender, en la medida de lo posible, los reclamos que hacen sectores bien intencionados.

La represión y las mordazas son propios de regímenes del pasado. ¿O acaso hay gente en el Gobierno de Danilo que quiere volver al pasado?