Ng Lap Seng está acusado de haber pagado cientos de miles de dólares a, entre otros, un expresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas para promover la construcción de un centro de conferencias en Macao. Fuente externa.
NUEVA YORK. – Un juez de Nueva York endureció el lunes las condiciones de arresto domiciliario del multimillonario chino Ng Lap Seng, condenado por sobornar a un expresidente de la Asamblea General de la ONU y a un embajador adjunto de la República Dominicana.
El juez Vernon Broderick, de la corte federal de Manhattan, decidió que el agente inmobiliario de Macao, de 69 años, deberá mantener desde ahora la puerta de su dormitorio abierta cuando reciba visitas de su masajista, que se extienden a veces durante varias horas según un gerente de la empresa de seguridad que lo vigila.
La vigilancia durante las 24 horas del día en su apartamento de Manhattan será aumentada: los no familiares deberán pedir permiso a la justicia para hacer visitas, los familiares serán sometidos a un detector de metales y fiscales o policías podrán ver las grabaciones de las cámaras instaladas en las habitaciones.
También deberá contratar a un intérprete que tendrá que estar presente durante el día. El juez rechazó el pedido de la fiscalía, que pedía el fin de la libertad bajo fianza de Ng Lap Seng y que éste fuese encarcelado porque considera que existe un gran riesgo de que escape del país, informó a la AFP una portavoz de la corte, Dawn Dearden.
Tras un juicio de un mes, Ng Lap Seng fue condenado unánimemente el 27 de julio de sobornar con más de 1,3 millones de dólares al expresidente de la Asamblea General de Naciones Unidas John Ashe, detenido en octubre de 2015, y a un exembajador adjunto de la República Dominicana, Francis Lorenzo, a cambio de ayudar a construir un centro de conferencias de la ONU en Macao.
La fecha de su sentencia aún no ha sido fijada, precisó la portavoz. Los cargos más graves -lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero- implican 20 años de sentencia cada uno, y el resto de 5 a 10 años cada uno. Ashe, oriundo de Antigua y Barbuda, murió el pasado año.
Su detención y la de Lorenzo supuso un golpe para Naciones Unidas, que busca promover la gobernanza libre de corrupción en todo el mundo.
