Enajenados mentales en RD

Como es notorio en los últimos días, la convulsión social respecto a la protección de los derechos de las minorías ha formado parte de la discusión cotidiana en la sociedad dominicana. Sin embargo, sería pertinente tomar en consideración y hacer un llamado urgente a la protección de aquellas personas que deambulan por las calles sin pena ni gloria, simplemente porque no existen políticas que los amparen y, lamentablemente, muchos de ellos ni siquiera tienen familia.

En República Dominicana no existe una política social clara y garantista para la protección de los enajenados mentales que transitan a diario por las ciudades y pueblos del país, sin suerte alguna y sin la mínima protección por parte del Estado dominicano.

No se trata de defender ni de reclamar indulgencias para viciosos o pedigüeños oportunistas; todo lo contrario. Se trata de llamar la atención sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de quienes, debido a su salud mental, no pueden procurarse ayuda para enfrentar sus propias condiciones de vida.

El propósito es levantar la voz a favor de ese grupo minoritario compuesto por personas con discapacidad mental que no cuentan con la más mínima cobertura estatal, ni para otorgarles albergue ni para garantizarles siquiera alimentos. Es evidente la ausencia de políticas públicas orientadas a la protección de este segmento vulnerable.

Una sociedad, en sentido amplio, se sostiene en la protección de todos los que la conforman: enfermos, envejecientes, discapacitados y enajenados mentales, por citar algunos. Así como se protegen los derechos civiles y políticos, también debe garantizarse y promoverse la salud mental de quienes integran la comunidad.

La Constitución Dominicana establece en su artículo 7 que el país se reconoce como un Estado social y democrático de derecho. Esto implica la obligación de impulsar políticas públicas que protejan la dignidad humana sin discriminación alguna.